Ciudad de México.- Gerardo Carrasco, miembro de Mexicanos Contra la Corrupción, sufrió un secuestro exprés a mediados del 2019 tras abordar un Uber.
A raíz de ello, la víctima denunció y las investigaciones arrojaron que en la célula criminal que lo agredió había dos conductores de Uber dados de alta.
Esto, a pesar de que la empresa de transporte privado insiste en que sus procesos de seguridad para seleccionar choferes están intactos y siguen siendo rigurosos.
Al estar dados de alta en la aplicación, se les pudo localizar más fácil y dos de los involucrados fueron detenidos.
Sin embargo, Carrasco realizó una investigación por su cuenta y descubrió que aunque la empresa predica ‘Uber se hace responsable de tu seguridad’, en el contrato que los usuarios aceptan cuando contratan el servicio, la compañía se deslinda de responsabilidades en caso de agresiones.
“Usted acuerda que todo riesgo derivado del uso de los servicios y cualquier servicio o bien solicitado en relación con aquellos será únicamente suyo, en la máxima medida permitida aplicable”, aparece en el contrato.
Esto, aunado a la falta de protección jurídica para los usuarios mexicanos por parte de Uber, puesto que la empresa tiene su domicilio jurídico en Holanda, a diferencia de los usuarios en Estados Unidos, quienes sí tienen como responsable legal a Uber USA, radicado en ese país.
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