Regulación de créditos de nómina busca supervisar a las entidades financieras

Ciudad de México.- La reforma a la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito (LGTOC), aprobada el pasado 18 de febrero en el Senado busca crear un marco legal para contar en el país con un “crédito de nómina con cobranza delegada”, es decir, una legislación que supervise y controle el proceso operativo y a las entidades financieras que ofrezcan este producto.

De aprobarse también en la Cámara de Diputados, beneficiaria a los usuarios pues se combatirán las prácticas fraudulentas que se han presentado por parte de algunos acreedores informales, principalmente sociedades anónimas no sujetas a normatividad alguna, en perjuicio de las personas que acceden a estos servicios.

Asimismo, la nueva legislación impone una capacidad de pago para los usuarios, con lo cual se les protege de un posible sobrendeudamiento, además de que se establece un factor de resguardo. 

Las entidades financieras agrupadas en la Asociación de Bancos de México (ABM), la Asociación de Sociedades Financieras de Objeto Múltiple en México (ASOFOM) y en la Asociación Mexicana de Empresas de Nómina (AMDEN), podrán ofrecer un mejor producto financiero, como sucedió en Brasil en donde la población se benefició con mejores tasas de interés y una mayor inclusión financiera, luego de una regulación. 

Al haber una mayor competencia y reglas claras de operación, el crédito de nómina con cobranza delegada, podría experimentar un crecimiento en el que, según los expertos, pasaría de representar el 0.29% del PIB, hasta un 3.8 por ciento, es decir, unos 840 mil millones de pesos más en crédito y coadyuvar a la recuperación económica que se necesita en el país.

De acuerdo con la reciente Encuesta Nacional de Inclusión Financiera (ENIF), menos de un tercio de los mexicanos tiene acceso al crédito, situación que podría revertirse con la reforma. A pesar de que el crédito de nómina es un producto financiero con 25 años de antigüedad, al día de hoy no existe legislación específica que lo regule, ni derechos claros para las partes involucradas, en contraste con lo que sucede en países como Brasil y Colombia.

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