Ciudad de México.- La investigación de la desaparición de 43 estudiantes normalistas inició el lunes una nueva etapa con la puesta en marcha de un grupo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que acompañará los trabajos de la comisión para la verdad lanzada en enero por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Cuatro de los cinco integrantes de lo que fue el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) regresarán a México para colaborar de nuevo en la investigación por la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa.
Luego que el GIEI dejó el caso en abril de 2016, en los próximos días regresarán Ángela Buitrago, Carlos Beristain, Claudia Paz y Paz y Francisco Cox para colaborar en esta nueva etapa, quedando fuera solo Alejandro Valencia, quien trabaja en la Comisión para la Verdad de Colombia.
El grupo de la CIDH es el segundo que se crea en los últimos años para ayudar en las indagatorias en torno al caso de los estudiantes de la Normal Superior de Ayotzinapa. El primero realizó una investigación entre 2015 y 2016 y concluyó sus labores tras presentar un reporte que rechazó las conclusiones del gobierno anterior de que los jóvenes habrían sido quemados en un basurero.
El subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, dijo que el nuevo equipo de la comisión estará integrado por dos personas fijas que contarán con colaboraciones temporales de algunos de los integrantes del primer grupo o de otros expertos que se requieran. Aseguró que tendrá acceso “sin restricciones” a toda la información del llamado caso Ayotzinapa.
Su papel, señaló la representante de la cancillería, Marta Delgado, será asesorar y acompañar al Estado mexicano en cuestiones forenses, la integración de expedientes y en la definición de líneas de investigación, incluidas aquellas que la administración anterior no quiso abordar.
Según explicaron los funcionarios, los expertos tendrán acceso a todos los expedientes, harán las visitas sobre el terreno que consideren necesarias, incluidas, si así lo estiman, instalaciones militares, y colaborarán en el diseño de un nuevo mecanismo para incentivar y proteger a potenciales colaboradores que puedan dar información valiosa para saber el destino de los estudiantes, cuyo paradero todavía se desconoce.
El gobierno, por su parte, se encargará de garantizar su seguridad y la inmunidad del equipo de la CIDH y de acatar sus recomendaciones.
El nuevo equipo trabajará durante un año. El plazo podría ser prorrogado pero, según dijo Encinas, “esperamos tener resultados en muy corto plazo”.
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