Reducirán la verificación de negocios de bajo impacto; eliminan la queja vecinal

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Alberto Cuenca Reportero en Capital CDMX

Ciudad de México.-El gobierno de Claudia Sheinbaum entregó hoy al Congreso de la Ciudad dos iniciativas de ley que buscan reducir la regulación para la apertura y operación de negocios de bajo impacto.

Con este nuevo marco legal cambiarán las reglas del juego para supervisar establecimientos mercantiles, pues con base a un esquema de autoregulación a partir de 2021 la verificación será aleatoria, por sorteo y únicamente al tres por ciento de negocios que conformen el padrón de micro, pequeñas y medianas empresas de esta Ciudad. Se elimina la queja vecinal como motivo de verificación de establecimientos.

Serán dos verificaciones aleatorias por año, aunque ese mecanismo de sorteo no aplicará por temas relacionados con protección civil,  ya que en esos casos las verificaciones serán en cualquier momento.

Sheinbaum encabezó una conferencia de prensa, junto con autoridades de la ADIP y de la Sedeco que diseñaron el plan normativo. El plan normativo se divide en la iniciativa de Ley de Mejora Regulatoria de la CDMX y la propuesta de Ley de Responsabilidad Social Mercantil de la Ciudad.

Norma Solano, directora general del área de normatividad de la Agencia Digital de Innovación Pública, detalló el contenido de la propuesta de Ley de Mejora Regulatoria, en el que se consideran  mecanismos para simplificación de trámites, la digitalización de los mismos, la conformación de un expediente electrónico de cada giro, así como la presentación en consulta pública de planes de mejora regulatoria.

La regulación más importante se incluye en la Ley de Responsabilidad Social Mercantil, pues es ahí donde se contemplan los mecanismos de autoregulación a la micro, pequeña y mediana empresa, bajo un esquema de acompañamiento, la buena fe y la confianza en el cumplimiento de obligaciones por parte de los dueños de establecimientos.

De acuerdo con  la funcionaria de la ADIP, esa legislación regulará a los giros de bajo impacto de la capital del país, es decir, un universo de 158 mil 534, el cual representa a un 95 por ciento de los negocios de esta Ciudad, como son escuelas, talleres mecánicos, abarrotes, panaderías, lavanderías, tintorerías, salones de belleza y peluquerías.

Los  negocios que no estarán regulados por esa nueva ley serán 7 mil 686 giros de alto impacto zonal y vecinal, como salones de fiestas, restaurantes con venta de bebidas alcohólicas, antros, hoteles, cines y teatros. A estos se les aplicará una normatividad distinta que la jefa de gobierno no precisó.

La queja vecinal

Unos de los temas nodales de la iniciativa de Ley de Responsabilidad Mercantil contempla la eliminación de cuatro causales por las que actualmente se realizan verificaciones administrativas: por salud pública, medio ambiente, protección civil y queja vecinal.

Con la nueva ley, los establecimientos mercantiles de bajo impacto sólo podrán ser verificados por cuestiones de protección civil y cuando sean elegidos aleatoriamente dentro del tres por ciento de la totalidad de los establecimientos inscritos en un Padrón en el que estarán obligados a incorporarse los dueños de esos negocios, detalla el artículo 11 de la propuesta.

 El padrón será la base de datos pública y actualizada, donde se encuentren registradas todas aquellas personas beneficiarias que estén sujetas a verificación, con el fin de notificar a los órganos de la administración pública, bajo el principio de buena fe, que cumplen con todas las disposiciones regulatorias que les son aplicables.

Una vez que el Congreso capitalino apruebe esta ley, el gobierno de la Ciudad diseñará la plataforma digital en donde se encontrará el padrón al que deberán incorporarse los dueños de los negocios. Los propietarios de los negocios tendrán como plazo todo el año 2020 para registrarse a dicho padrón y en enero de 2021 comenzarán las verificaciones por sorteo.

En esta iniciativa se contempla la figura de visitas de verificación simulada. Será una diligencia de carácter administrativo que solicitará de manera voluntaria el dueño de un negocio de bajo impacto, con el objeto de conocer si incumple con alguna de sus obligaciones establecidas en la normativa de la materia y a partir de ahí ponerse en regla.

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