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Política

Quince mdp por liberar una Manifestación de Construcción en CDMX, acusa MCCI. Presenta diagnóstico de corrupción inmobiliaria



Ciudad de México.-Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) presentó hoy el “Diagnóstico de corrupción en el sector inmobiliario”. Se trata de una encuesta a 45 desarrolladores, quienes ubicaron a las autoridades de las alcaldías como las más corruptas de toda la Ciudad y a las de Gustavo A Madero como las principales.



Del estudio, que incluyó entrevistas presenciales y talleres con esos empresarios, se desprende que el trámite más propenso a la corrupción es el registro de la Manifestación de Construcción, pues los desarrolladores están obligados a desembolsar entre 2 y 15 millones de pesos para obtener con rapidez ese documento o de lo contrario perder hasta dos años para que las autoridades liberen el mismo.



De los empresarios encuestados, algunos refirieron que las alcaldías o anteriores delegaciones tasan los proyectos de construcción en hasta 30 mil pesos por unidad construida y refirieron que tanto funcionarios de las demarcaciones como del gobierno central recurren a prácticas como pedir una cuota de 20 mil pesos por departamento construido para liberar la Manifestación de Construcción y hasta exigen boletos de la Fórmula 1 a cambio de un trámite.



Otras de las conductas corruptas identificadas es que el Sistema de Aguas solicita a los desarrolladores realizar obras con alguno de sus contratistas; para expedir licencias de construcción funcionarios piden a los empresarios impermeabilizar oficinas de gobierno; a cambio de controlar protestas vecinales, servidores públicos exigen un departamento de los que están en construcción y hasta tráileres cargados de víveres.



De acuerdo con el documento, después de la Manifestación de Construcción, los trámites donde los empresarios percibieron mayor incidencia en actos de corrupción son la licencia de construcción, el cambio de uso de suelo, la factibilidad de servicios y el estudio de impacto urbano, en ese orden.



Esta mañana directivos de MCCI presentaron los resultados de este diagnóstico, en donde destacaron que un 94 por ciento de los desarrolladores entrevistados reconoció haber sido víctima de la corrupción, pero solo 36 por ciento afirmó haber denunciado. Un 42 por ciento señaló que no denuncia porque no tiene confianza en las autoridades y 33 por ciento dijo no haber denunciado por considerar que eso no sirve.



La mayoría de los entrevistados coincidió que el costo total de una obra puede aumentar entre 5 y 10 por ciento del valor total del proyecto debido a actos de corrupción.



“Cuando un desarrollador acude al Invea para revertir una clausura que considera infundada, desde el primer momento la autoridad advierte los costos en términos de tiempo que el desarrollador debe asumir; le informa que puede presentar un amparo y esperar al menos 12 meses para que se resuelva y veladamente sugiera otros medios como el soborno, para obtener una resolución más ágil”, se lee en el Diagnóstico.



Sobre las autoridades más corruptas, después de las alcaldías, los entrevistados señalaron en orden descendente al Invea, la Policía, el Sistema de Aguas, la Seduvi, el Registro Público de la Propiedad, la Secretaría del Medio Ambiente, y aunque no es del ámbito local, a la Comisión Federal de Electricidad.



Por alcaldías y después de Gustavo A Madero, los desarrolladores inmobiliarios ubicaron a Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Benito Juárez, Azcapotzalco, Coyoacán, Cuauhtémoc, Venustiano Carranza y Miguel Hidalgo, en ese orden.



La presentación del Diagnóstico fue presentado por María Amparo Casar, presidenta ejecutiva de MCCI; Eugenia Castañeda, abogada de la organización, y Carolina Rodríguez, de la agrupación Mejor Ciudad, quienes explicaron que en la encuesta participaron grandes y medianos empresarios del sector y a todos se les garantizó el anonimato.



Como parte del documento se plantearon una serie de acciones para combatir el problema, como la digitalización de trámites, un ejercicio más transparente de los pagos que se hacen por obras de mitigación y la intervención de profesionales en la revisión de proyectos.



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