Ciudad de México. La bancada del PRD en el Senado presentó su propuesta de leyes secundarias anticorrupción que cataloga como faltas graves los moches, el tráfico de influencias y el que un secretario de Estado obtenga bienes muebles o inmuebles con precio inferior al del mercado.
Los perredistas, encabezados por Miguel Barbosa, quieren sancionar los llamados “moches” en la Cámara de Diputados y en los congresos locales. También quieren evitar que secretarios de Estado compren casas a menor precio y con ello evitar casos polémicos como el de la casa en Malinalco del secretario de Hacienda, Luis Videgaray.
Sugieren que las sanciones económicas sean por el triple del daño causado a las arcas públicas o del beneficio obtenido por el acto ilícito e inhabilitación hasta por 30 años para los funcionarios corruptos o para que las empresas no puedan participar en contrataciones públicas.
Los perredistas plantean la creación de un esquema para distinguir “de manera objetiva” las faltas administrativas o graves.
El esquema consiste en establecer criterios de cuantía (aquellos casos en que se cause daño patrimonial que exceda los 13 mil 140 pesos), criterios de sistematicidad (cuando se reiteren los actos de corrupción), criterios de subjetividad (en los casos en que participen servidores públicos de elección popular o titulares de órganos autónomos) y criterios de daño social (casos en que una falta grave lesiona o pone en peligro la vida, salud, seguridad y patrimonio de una persona o grupo en situación vulnerable).
Estas iniciativas se suman a las presentadas este martes por los senadores Pablo Escudero (PVEM) y Enrique Burgos (PRI), quienes proponen sanciones económicas de hasta dos tantos del beneficio obtenido por el acto de corrupción y la indemnización de los daños causados, así como inhabilitación hasta por 20 años.
Además plantean que sean faltas graves el causar daño o perjuicio a la hacienda pública o al patrimonio público, la falta de veracidad en las declaraciones patrimoniales o de intereses y el adquirir para sí o para personas cercanas, bienes y valores que pudieren incrementar su valor como resultado de información privilegiada.
También considera faltas graves el que los funcionarios intervengan en asuntos en los que tengan conflicto de interés y el que obtengan cualquier beneficio no comprendido en su remuneración.
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