Quedan 8 días para que ALDF apruebe Sistema Anticorrupción de la CDMX, y nada; crece preocupación entre ONGs

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Ciudad de México.- En medio de la incertidumbre sobre el momento en el que la ALDF iniciará la discusión pública de las leyes que integrarán el Sistema Local Anticorrupción, y de que los plazos para su aprobación se acaban, ex diputadas constituyentes e integrantes de organizaciones sociales acusaron la intención de aprobar un marco jurídico con prisas, desaseado y que además contraviene la reforma constitucional.

A una semana de que se cumpla el plazo para promulgar la normatividad en la materia, la diputada del PRI, Dunia Ludlow reveló que hasta esta tarde los integrantes de la Comisión de Transparencia del órgano legislativo –una de las cinco comisiones que deben aprobar el dictamen–,   no habían recibido la convocatoria para la reunión de trabajo correspondiente, en donde nada más y nada menos se tienen que aprobar 11 leyes que darán vida al Sistema Anticorrupción capitalino.

Dunia Ludlow fue parte de las personalidades que hoy hicieron un pronunciamiento en contra del procedimiento que se ha seguido en la Asamblea Legislativa, y de los contenidos de los planteamientos que circulan entre diputados locales respecto al Sistema Anticorrupción. Presentaron ahí  las “Propuestas para mejorar las iniciativas para la creación del Sistema Anticorrupción de la CDMX”.

Lourdes Morales, profesora asociada del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y fundadora de la Red por la Rendición de Cuentas, dio lectura ese pronunciamiento  en el que calificó como de fundamental relevancia que las designaciones sobre los integrantes de las instituciones que conforman el Sistema sean públicas, a través de procesos abiertos, con criterios claros, previamente preestablecidos, que garanticen en el caso del Congreso local, el voto de las dos terceras partes de sus integrantes, además de que los nombramientos se realicen con instrumentos que permitan evaluar la idoneidad de los candidatos.

“Preocupa que la selección del Secretario Técnico del Sistema provenga de la Comisión de Gobierno de la Legislatura y no de una terna propuesta por el Comité de Participación Ciudadana local, lo que contraviene la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. El Sistema local requerirá de un secretariado profesional y como su nombre lo indica, con capacidades técnicas para diseñar la metodología necesaria para medir el fenómeno de la corrupción y para reunir toda la información necesaria para producir inteligencia institucional. La captura política de este espacio significaría la anulación del llamado “Coneval de la corrupción” que habrá de generar las herramientas para combatir este fenómeno”, acusó Morales.

Acompañada de las ex constituyentes, Esthela Damián, Elvira Daniel Kabaz y Tobyanne Ledesma, planteó que los nombramientos de los Magistrados de los Tribunales de Justicia Administrativa, del Fiscal Anticorrupción, de la Visitaduría de la Fiscalía General y de los órganos internos de control deben contar con metodologías y criterios claros, además de que podrían vincularse a procesos de ingreso y ascenso en el cual se establezca el desarrollo de perfiles específicos.

“Sorprende que en el caso del fiscal anticorrupción se dé a la Comisión de Gobierno la facultad de proponer el candidato a ser seleccionado por el pleno de la Asamblea legislativa, de entre una terna sometida por el jefe de Gobierno. La revisión de las propuestas y comparecencias pública que debe contemplarse de los candidatos a este puesto es de suma importancia y debiera realizarse ante las comisiones responsables como órganos legislativos especializados en este materia, de forma que sean ellos quienes manden el dictamen a consideración del pleno de la Asamblea y no la Comisión de Gobierno”, agregó.

Advirtió el peligro de la potencial politización de la labor del Fiscal Anticorrupción al contemplar la posibilidad de una reelección inmediata en el cargo como se propone en la Ley Orgánica de la Fiscalía Anticorrupción. Con el fin de garantizar la autonomía de decisión, consideró que el plazo propuesto de cinco años para el titular de esta fiscalía es más que suficiente para desarrollar su labor, además de establecerse en la ley las causales de su posible remoción, la cual debiera ser confirmada por las dos terceras partes de los miembros presentes de la Asamblea Legislativa.

En el pronunciamiento, que también contó con el respaldo de organizaciones como Fundar, Transparencia Mexicana, México Evalúa y Mexicanos Unidos Contra la Corrupción, se planteó que, con la finalidad de que la política nacional que emita el Sistema Nacional Anticorrupción sea aplicable a todo el territorio nacional, es necesario mantener sin cambios los catálogos de faltas administrativas y de sanciones que ya se contemplan en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, por lo que una ley de responsabilidades administrativas local no sería necesaria

Se propuso la verificación de las declaraciones patrimonial, fiscal y de interés que generen los servidores públicos, y que dicha supervisión sea pública, a través de métodos y fórmulas consistentes con la política nacional anticorrupción, a fin de constatar la veracidad de su contenido y aplicar sanciones en caso de la omisión deliberada de información relevante.

Al tomar la palabra las ex diputadas constituyentes Elvira Daniel, Tobyanne Ledesma y Esthela Damián, coincidieron en que el Sistema Anticorrupción local deben construirse con la participación de la ciudadanía y alejado de cuotas partidistas. Recordaron que en la Asamblea Constituyente se realizaron audiencias públicas, además de que en el caso específico del capítulo anticorrupción, los legisladores sostuvieron extensas reuniones con especialistas en el tema para construir el apartado que quedó plasmado en la Constitución de la Ciudad.

La investigadora del Cide, Lourdes Morales, recordó que en el caso de la ALDF, dese el pasado 27 de junio entregaron un oficio al presidente de la Comisión de Gobierno, Leonel Luna, en el que solicitaron  la adopción de mecanismos de parlamento abierto para la discusión del Sistema Anticorrupción local, suin haber obtenido una respuesta de parte del legislador.

En 24 horas

La diputada del PRI, Dunia Ludlow, acusó que hasta esta tarde no había recibido la convocatoria por parte del presidente de la Comisión de Transparencia a la Gestión, para la sesión de dictamen y de acuerdo al reglamento. “Al ser éste un tema de carácter urgente podría convocarnos con 24 horas de antelación, estamos en espera que nos envíe la convocatoria respectiva”, detalló.

Al respaldar a organizaciones civiles que presentaron “Propuestas para mejorar las iniciativas para la creación del Sistema Anticorrupción de la CDMX”, la diputada señaló que la Asamblea Legislativa debe escuchar y dialogar con la sociedad civil para cumplir con el propósito de ser un Parlamento Abierto.

El viernes pasado, la legisladora entregó sus observaciones a los 11 dictámenes entre las que propone blindar el nombramiento de que encabece la Contraloría General, quitándole la facultad al Jefe de Gobierno de designar de manera directa al titular de esta dependencia cuando la Asamblea no logre ratificar el nombramiento por las dos terceras partes del pleno.

Propuso que los subcontralores sean designados por  las dos terceras partes presentes del pleno de la Asamblea, a propuesta del Jefe de Gobierno, pues en uno de los anteproyectos de dictamen se plantea que sean designados por mayoría simple a propuesta de las Comisiones de Transparencia y la de Vigilancia a la Auditoría Superior de la CDMX.

 

“El llamado no sólo es a corregir ciertos planteamientos que están en los documentos que se hicieron públicos, sino en tratar de construir procedimientos abiertos en donde la ciudadanía tenga la certeza de lo que se está haciendo en la Asamblea Legislativa es con el afán y con el objetivo único de abatir la corrupción homologando nuestro Sistema Local al Sistema Nacional Anticorrupción”, expresó Ludlow.

 

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