Ciudad de México.- La Comisión de Comunicaciones y Transportes de la Cámara de Diputados analiza reformas a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, para establecer con claridad las sanciones a las concesionarias telefónicas que incumplan con la obligación de bloquear las llamadas provenientes de los centros penitenciarios.
La iniciativa, impulsada por el diputado Jorge Luis Preciado Rodríguez, del Partido Acción Nacional (PAN), plantea crear un capítulo denominado “Sanciones en materia de seguridad y justicia”.
En un comunicado, informó que el objetivo de esta iniciativa es considerar una multa equivalente de 1.1 a cuatro por ciento de los ingresos del concesionario o autorizado que incumpla con esa obligación, y en caso de reincidencia la revocación de las concesiones.
Preciado Rodríguez argumentó que las concesionarias tienen el deber de bloquear las llamadas que salgan de los centros de readaptación social y penitenciarios, pero no se satisface a cabalidad.
Abundó que el IFT tiene la responsabilidad de exigirles la observancia de este compromiso o, en caso contrario, “tomar las medidas necesarias para que se dé cumplimiento a lo mandatado por la ley, lo que traería consigo la disminución considerable, a medio plazo, de la extorsión por medio de llamadas telefónicas”.
El legislador resaltó que actualmente no pasa nada con las empresas de telefonía que incumplen la ley, porque no existe una sanción suficientemente coercitiva para obligar su acatamiento, lo cual afecta a la sociedad, ya que la inobservancia trae consigo el alza de la extorsión telefónica.
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