Ciudad de México.- Ante el alarmante clima de violencia que viven las mujeres en la Ciudad de México, la diputada de Morena en la Asamblea Legislativa, Beatriz Rojas Martínez, solicitó a la Secretaría de Movilidad capitalina y a las áreas correspondientes, hacer público el registro de choferes de taxis con aplicaciones informáticas como Uber y Cabify.
Mediante un Punto de Acuerdo aprobado en el Pleno, la legisladora requirió que en el registro que lleva el gobierno capitalino, se incorpore la obligación de que cada uno de los choferes de taxis presente su identificación oficial, procedencia, su experiencia en el servicio y las empresas que ha laborado, agregando las causas que motivaron su cambio de empresa, y las razones para trabajar en este tipo de servicios.
Rojas Martínez demandó que esa información en su conjunto se publique en el portal de transparencia de la Secretaría de Movilidad y, además, que se coteje con las procuradurías de justicia local y de los estados para evitar contratar a un delincuente, y se establezca un banco de datos de operadores de taxis del servicio de Apps.
La legisladora sostuvo que esto es necesario, pues en los últimos meses se han registrado hechos violentos en contra de las mujeres por parte de choferes de Uber o Cabify, como el feminicidio de Mara Castilla ocurrido en el estado de Puebla.
En la Ciudad de México las mujeres también han experimentado abusos por parte de los choferes de este tipo de taxis, manifestó Rojas Martínez, quien ejemplificó con lo ocurrido en mayo de 2016 cuando una mujer fue violada en la colonia Condesa a bordo de una unidad de Uber. En julio de ese año, una mujer también denunció acoso sexual por parte de un conductor de Uber.
Para 2017, en junio, otra mujer fue violada por un chofer del mismo servicio de taxis, cuando la trasladaba del Aeropuerto a Ecatepec. Un mes después, otra mujer denunció que el chofer de la unidad en que viajaba veía pornografía y se masturbaba frente a ella.
Ante los hechos registrados, la diputada de Morena consideró urgente que la Administración Pública establezca medidas de prevención del delito, en el que pueden incurrir, tanto la autoridad administrativa como el representante legal de la empresa que presta el servicio.
Rojas Martínez destacó que hasta la fecha, el gobierno sólo tiene el registro de la persona responsable de los vehículos y las licencias de los choferes, pero no se cuenta con información específica de los conductores, por ello es importante que se tenga un registro con requisitos estrictos de los choferes para garantizar la seguridad de los usuarios, concluyó.
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