Ciudad de México.-El gobierno de Claudia Sheinbaum promulgó ayer, en una edición Bis de la Gaceta Oficial capitalina, las reformas al Código Penal de la Ciudad que tipifican como un delito las terapias de conversión, así como las modificaciones a la Ley de Participación Ciudadana y de Presupuesto 2020 que posponen la ejecución del presupuesto participativo.
Al haberse cumplido la formalidad de publicar ayer esas reformas, las mismas entran en vigor a partir de hoy, luego de que el viernes pasado el Congreso capitalino aprobó ambos decretos.
En el caso del Código Penal, se adiciona un artículo 190 Quater, comprendido en el Capítulo VII con el nombre de “Delitos contra el libre desarrollo de la personalidad y la Identidad Sexual”, en el cual se señala que, a quien imparta u obligue a otro a recibir una terapia de conversión se le impondrán de 2 a 5 años de prisión y de 50 a 100 horas de trabajo en favor de la comunidad. Este delito se perseguirá por querella.
Se entiende por terapias de conversión a aquellas prácticas consistentes en sesiones psicológicas, psiquiátricas, métodos o tratamientos que tengan por objeto anular, obstaculizar, modificar o menoscabar la expresión o identidad de género, así como la orientación sexual de la persona, en las que se emplea violencia física, moral o psicoemocional, mediante tratos crueles, inhumanos o degradantes que atenten contra la dignidad humana.
Si la terapia de conversión se hiciere en un menor de 18 años de edad o persona que no tenga capacidad para comprender el significado del hecho o persona que no tenga la capacidad de resistir la conducta, la pena se aumentará en una mitad y se perseguirá por oficio.
Sobre la suspensión del presupuesto participativo del 2020, el viernes pasado y con el sorpresivo apoyo del PAN, la bancada de Morena en el Pleno del Congreso capitalino aprobó en un periodo extraordinario de sesiones la posposición para el 2021 de los recursos del presupuesto participativo que ya se habían aprobado para este año.
Para avalar el dictamen, se sostuvo el argumento de que la emergencia sanitaria por el Covid-19 no genera las condiciones para la ejecución de esa bolsa que asciende a mil 470 millones de pesos.
Al posponer la aplicación de ese millonario recurso, los diputados sólo tuvieron que modificar dos artículos transitorios, uno de la Ley de Participación Ciudadana y otro del Presupuesto de Egresos del 2020.
Esta reforma surgió de una iniciativa que hace dos semanas presentaron ante la Comisión Permanente los diputados morenistas Martha Ávila y José Luis Rodríguez.
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