Ciudad de México.- Con 328 votos a favor de Morena y sus aliados, 18 en contra del PRD y 118 en abstención del PAN y PRI, la Cámara de Diputados aprobó el dictamen con proyecto de decreto que reforma al Artículo 21 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, con lo que se da el sustento jurídico para crear la Comisión de la Verdad desde la Presidencia de la República.
Con la dispensa de trámites, el pleno dio “luz verde” al dictamen impulsado por el partido Morena, para facultar al Ejecutivo federal a constituir comisiones consultivas y presidenciales.
Con ello, el próximo presidente, Andrés Manuel López Obrador, podrá cumplir su compromiso de crear la Comisión de la Verdad para el caso de los 43 estudiantes desaparecidos en 2014 en Iguala, Guerrero.
Al fundamentar el dictamen, la morenista Rocío Barrera Badillo indicó que se propone establecer tres mecanismos institucionales de transparencia e insertar en el sistema jurídico mexicano las comisiones consultivas, las presidenciales y las intersecretariales.
Destacó que con la presente reforma se fortalecen las facultades del Ejecutivo federal para enfrentar temas de Estado complejos, ya que el presidente podrá establecer comisiones a efecto de atender diversos retos derivados del ejercicio de la función pública o cuestiones que por su dificultad requieren ser analizadas.
En el caso de las comisiones intersecretariales, señaló que persistirán como instrumentos para la atención de cuestiones de la administración pública y sus dinámicas de trabajo, al figurar como esquemas de fortalecimiento de la relación entre los entes de la administración pública centralizada y el presidente, con lo que se agilizará y se dará eficiencia a los canales de comunicación que entre las dependencias deben existir.
Las comisiones consultivas establecerán puentes institucionales, transparentes y de alcances previa y claramente definidos para procurar la comunicación y colaboración con sectores específicos, ya sea el académico, la sociedad civil organizada o los colectivos sociales.
Ello, agregó, sin menoscabo a las facultades específicas de los entes públicos que las compongan.
Mientras que las comisiones presidenciales serán el mecanismo mediante el cual el sector público abordará, con la sociedad civil, entes de otros órdenes o niveles de gobierno e incluso organismos internacionales, la atención o solución de cuestiones que por su trascendencia deban ser consideradas asunto de Estado.
Barrera Badillo aclaró que además de los integrantes previstos para las comisiones consultivas, podrán sumarse a las comisiones presidenciales, servidores y exservidores públicos de la administración pública federal e incluso de un poder diverso al Ejecutivo o de un orden competencial diverso al federal.
Al fijar postura, Claudia Reyes Montiel, del Partido de la Revolución Democrática (PRD) afirmó que estas reformas no permitirán la creación de comisiones de la verdad, porque éstas tienen que ser de la sociedad, no del Ejecutivo, por lo que anunció su voto en contra.
Por Movimiento Ciudadano, Martha Tagle explicó que estas reformas fortalecen una facultad del titular del Ejecutivo para contar con comisiones intersecretariales, así como la participación ciudadana.
En su turno, Ricardo Aguilar Castillo, del Partido de Partido Revolucionario Institucional (PRI), sostuvo que la creación de comisiones consultivas y presidenciales, a través de decretos, será un medio de legitimación del próximo presidente y que queda en duda la parcialidad y discrecionalidad de su integración.
Argumentó que tales comisiones deberían estar integradas por funcionarios públicos sujetos a la Ley de Responsabilidades Administrativas y afirmó que la reforma promueve la centralización de atribuciones en un solo individuo.
De la bancada del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Arturo Espadas Galván indicó que se debe velar por el equilibrio de poderes y se manifestó a favor de las comisiones, pero en contra de la subordinación de los poderes Legislativo y Judicial al Ejecutivo, por lo que anunció el voto en abstención de dicho grupo parlamentario.
En su oportunidad, la diputada María de los Ángeles Huerta del Río, de Morena, defendió el dictamen y sostuvo que el objetivo de constituir comisiones consultivas y presidenciales es integrar la participación de las organizaciones civiles para que el Ejecutivo federal pueda afrontar los temas pendientes que ha dejado el presente gobierno.
En ese sentido, subrayó se podrá contar con la Comisión de la Verdad sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
Los intentos del PRI, PAN y Movimiento Ciudadano por modificar el dictamen fueron frenados por la mayoría de Morena y sus aliados. (Notimex)
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