Presentan protocolo para intervención policial ante manifestaciones, con diálogo, casco y escudo



Ciudad de México.-El secretario de Gobierno de la Ciudad, Alfonso Suárez del Real y la titular de la Comisión de Derechos Humanos capitalina (CDH CDMX) Nashieli Ramírez, presentaron hoy en conferencia un acuerdo para la actuación policial durante manifestaciones que, a decir de esas autoridades, está blindado y no tiene cabos sueltos en el actuar de la fuerza pública, incluso ante aquellos grupos violentos que no buscan dialogar y solo asisten a concentraciones para generar desmanes o agredir a terceros.



"El propio Acuerdo expresa de manera muy puntual el cronograma y la forma como se va a garantizar la seguridad y la forma como se va a proceder en el caso de que algunas personas no estén atendiendo a este llamado de las manifestaciones de forma pacífica.



"Yo le apuesto mucho a que en el poco tiempo que llevo aquí he visto con mucho interés el contenido de este acuerdo, lo cuidadoso que ha sido para no criminalizar desde el documento, sino prevenir y garantizar la seguridad de quienes se manifiestan", argumentó el secretario de Gobierno.



Este documento que regulará la intervención de los uniformados en actos de protesta pública lleva el extenso nombre de Acuerdo para la Actuación Policial en la Prevención de Violencias y Actos que Transgreden el Ejercicio de Derechos Durante la Atención a Manifestaciones y Reuniones de la Ciudad de México, y entre su contenido destaca la obligación de cada policía que participe en esos operativos a portar su número de identificación visible en el casco, chaleco y escudo.



Este protocolo de actuación de la Policía ya entró en vigor el fin de semana pasado, durante una manifestación de grupos feministas afuera de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que protestaron contra la decisión de los ministros quienes rechazaron la interrupción legal del embarazo en el estado de Veracruz.



Aunque Alfonso Suárez del Real aseguró que este documento no tiene cabos sueltos, sí reconoció que ese fin de semana hubo actuaciones de las autoridades necesarias de afinar, como lo que llamó "encausamiento" de los manifestantes -antes se le denominaba encapsulamiento-, para evitar un descontrol. Junto con la titular de la CDH CDMX dijo que habrá una revisión del protocolo para corregir lo que haga falta. Los policías acompañarán a los manifestantes en todo el trayecto de la protesta.



Según el Acuerdo, se privilegiarán estrategias destinadas a reducir la tensión basándose en la comunicación, la negociación y el diálogo, de las cuales será responsable el personal de la Secretaría de Gobierno.



El personal policial deberá actuar siempre con legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos. Según el subsecretario de Participación Ciudadana de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) Pablo Vázquez Camacho, habrá una capacitación continua y una especialización a los policías para asegurar que su intervención se apegue a esas garantías, lo cual no significará la creación de un cuerpo de uniformados similar a los ya desaparecidos granaderos, sino dotar a los elementos de conocimiento técnico y operativo suficiente.



Vázquez destacó que al mismo tiempo se fortalecerán las áreas de atención a los policías desde la óptica jurídica, psicológica y médica.



"No se trata de suplir un cuerpo inexistente por otro; se trata de garantizar la seguridad en todas las acciones del quehacer de la Policía", subrayó Suárez del Real.



Cuando el personal policial participe en el control de manifestaciones usará casco y escudo como equipo de protección mínimo, nunca armas letales durante las manifestaciones. Además, de acuerdo con ese protocolo, los uniformados no serán obligados a realizar acciones que consideren violatorias de derechos humanos.



Únicamente se realizará la detención y presentación de personas en flagrancia de conductas o hechos que la ley señale como delitos.



En el caso de identificar que alguna persona manifestante porte o exhiba un objeto que pueda causar lesiones a terceros se le conducirá a una zona de menor riesgo para establecer un diálogo y, mediante persuasión, lograr que entregue dicho objeto, sin impedirle continuar en la protesta. Si esas personas se niegan a entregar los objetos se tomarán decisiones como el encapsulamiento para garantizar la libre manifestación a otros que dentro de la misma protesta lo hagan de manera pacífica.



Durante el desarrollo de la misma manifestación, los mandos de la Policía decidirán en qué momento será oportuna la intervención de la fuerza pública para impedir que terceros resulten dañados por expresiones violentas.



Cuando se requiera el auxilio médico a cualquier persona durante el desarrollo del evento, el personal policial deberá mantener comunicación y coordinación constante con el C2, C5, Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) y Protección Civil, con la finalidad de solicitar los servicios de apoyo necesarios por las frecuencias operativas de la base.



Según el protocolo, las acciones que se prevean en el cumplimiento de este Acuerdo protegen la labor periodística y la observación de los derechos humanos de quienes participan, acompañan o cubren el evento.



La Secretaría de Gobierno podrá solicitar a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México un informe de evaluación de la intervención policial y para ello en toda manifestación donde se despliegue un operativo policiaco habrá personal del área de Asuntos Internos de la SSC.



Siempre que algún elemento policial haga uso de la fuerza deberá presentar ante su mando inmediato superior, un informe puntual y detallado con la finalidad de documentar y evaluar el comportamiento policial. Toda irregularidad o abuso será sancionado conforme a las leyes aplicables en la materia, explicó Arturo Medina, subsecretario de Gobierno de la Ciudad, quien durante la conferencia fue en el encargado de detallar el contenido del Acuerdo.



En la elaboración del documento participaron el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social (FLEPS); la Comisión de Seguridad Ciudadana del Congreso de la Ciudad, así como la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, las cuales aportaron observaciones y correcciones al texto.



Respecto a los daños de inmuebles públicos y privados que ocasionan grupos como los denominados anarquistas, el secretario de gobierno destacó la existencia previa de una coordinación entre la Iniciativa Privada, la SSC, la Secretaría de Obras y la Autoridad del Centro Histórico para generar condiciones de resguardo del patrimonio urbano del Centro de la Ciudad.