Presentan nueva ley del Sistema Anticorrupción local, pero dejan intactos nombramientos previos



Ciudad de México.-El diputado local de Morena Carlos Castillo presentó ante la Diputación Permanente del Congreso local una nueva iniciativa de la Ley del Sistema Anticorrupción de la Ciudad, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidara la que estaba vigente desde septiembre de 2017.



La iniciativa, que se turnó a la Comisión de Transparencia del órgano legislativo que preside el mismo diputado Castillo, contiene 73 artículos, divididos en siete títulos, y siete artículos transitorios, y difiere en varios aspectos con la anterior ley que invalidó el máximo tribunal, además de que deja vigentes los nombramientos que se habían hecho con la ley invalidada por la Suprema Corte.



El legislador de Morena recordó que el pasado 16 de enero la Corte determinó la inconstitucionalidad de la Ley del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México -publicada el 1 de septiembre de 2017-, ya que su proceso legislativo no cumplió con la normatividad establecida.



En consecuencia, señaló que el Congreso de la Ciudad de México tiene la obligación de crear una nueva Ley del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México, que armonice los lineamientos en la materia establecidos en la Ley General del Sistema Anticorrupción y la Constitución de la Ciudad de México, y establezca los mecanismos de coordinación necesarios entre los diversos órganos involucrados.



La iniciativa de Carlos Castillo, a diferencia de la ley que invalidó la SCJN, plantea que el titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción permanezca en el cargo por cuatro años, con posibilidad de ser ratificado por un periodo más. En la ley invalida el periodo del Fiscal era por siete años, prorrogable por una sola ocasión.



Además, en la propuesta de Castillo no se especifica que sea el Congreso de la Ciudad el encargado de ratificar al Fiscal Anticorrupción, con el voto de la mayoría de los legisladores presentes y de entre una terna que les remita la jefa de gobierno.



El diputado de Morena plantea que la designación se haga conforme a la Constitución local, la ley orgánica de la Fiscalía y demás leyes aplicables.



Además, vuelve más laxos los requisitos para ser fiscal, pues en ver de exigir una experiencia mínima de 10 años en la profesión de Derecho, ahora se piden cinco años.



Otra de las diferencias es que en la propuesta de Carlos Castillo se le otorga al Fiscal anticorrupción autonomía técnica y de gestión para investigar y perseguir los delitos que son de su competencia.



En la iniciativa del legislador morenista se agrega un nuevo capítulo séptimo relacionado con la elección de los contralores internos de los órganos autónomos de la Ciudad, como el Consejo de Evaluación, la Comisión de Derechos Humanos, la Fiscalía General de Justicia, el Instituto de Transparencia, el Instituto Electoral y el Instituto de la Defensoría Pública.



Dentro de ese capítulo, el artículo 72 establece que esos contralores serán designados por las dos terceras partes de los diputados presentes del Congreso de la Ciudad mediante una convocatoria pública abierta.



En el caso del contralor del Tribunal Electoral y luego de que una determinación judicial revocará el nombramiento que hizo el Congreso local por considerar que no era una de sus facultades, la propuesta de Carlos Castillo plantea que sea el mismo Tribunal el encargado de hacer esa designación.



Una de los aspectos que destacan en el artículo tercero transitorio de la iniciativa presentada por el diputado local de Morena es que con la aprobación de esta nueva ley quedarán vigentes los nombramientos que se habían hecho con la anterior legislación invalidada por la Corte.



Es decir, estarán vigentes las designaciones de los contralores internos de la Comisión de Derechos Humanos, Martha Elena Chicano; del Instituto Electoral Francisco Calvario; del Instituto de Transparencia, Angela Magdalena del Río; de la secretaria técnica de la Secretaría Ejecutiva del SLA, Roxana Margarita Cuesta Romero, y de los cinco integrantes del Comité de Participación Ciudadana que preside Karime Athié.