Presentan iniciativa de Ley Constitucional de DH. Rescatan mínimo vital y enfatizan conceptos como muerte digna

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Ciudad de México.-Como resultado de un trabajo que duró 75 horas de debate y análisis, así como de cuatro semanas de desarrollo metodológico en el que intervinieron diversos grupos parlamentarios, la Comisión de Derechos Humanos del Congreso capitalino tiene lista la Iniciativa de Ley Constitucional de Derechos Humanos y Garantías, una normatividad secundaria de la Constitución Política de la Ciudad de México que deberá entrar en vigor el 1 de febrero de 2019.

La iniciativa consta de 98 artículos y cuatro transitorios, y es reglamentaria de todo el capítulo Carta de Derechos de la Constitución de la Ciudad. Incluso, en la conceptualización de esos derechos es más extensa que la propia Carta Magna local.

El anterior es el caso de la muerte digna, pues el artículo 9 de la Constitución local señala que se respetará en todo momento el derecho fundamental a la autodeterminación personal, la autonomía, así como las decisiones libres y voluntarias del paciente a someterse a tratamientos o procedimientos médicos que pretendan prolongar de manera innecesaria su vida, protegiendo en todo momento su dignidad.

Sin embargo, en la iniciativa de Ley Constitucional se hace toda una definición de muerte digna, la cual debe entenderse como la capacidad de ejercicio de las personas para expresar su decisión de ser sometidas o no a medios, tratamientos o procedimientos médicos que pretendan prolongar su vida cuando se encuentren en etapa terminal y por razones médicas sea imposible mantenerlas de manera natural, protegiendo en todo momento la dignidad de la persona.

La propuesta obliga al Gobierno de la Ciudad, por conducto de las autoridades responsables, a velar por el respeto de la voluntad anticipada en términos de lo que se establezca en la ley de la materia.

Mínimo vital

Esta iniciativa presentada hoy por el diputado de Morena, Temístocles Villanueva, rescata el concepto del Mínimo Vital, el cual quedó indefinido luego de la discusión que se realizó hace dos años en la Asamblea Constituyente, donde Morena y el PRD no lograron reunir el voto de las dos terceras partes para su aprobación bajo el nombre de Ingreso Básico Universal.

Aquella propuesta que no prosperó implicaba pagar mil 200 pesos mensuales a cada capitalino por el sólo hecho de serlo y sin importar su situación socioeconómica.

Esa vez, el PAN y el PRI se unieron para evitar que dicho beneficio quedará incluido en la Constitución capitalina, sin embargo, durante las pasadas campañas electorales el abanderado de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, lo rescató y lo incorporó en su plataforma electoral.

En esa Asamblea Constituyente de 2016 y en aras de lograr el consenso, los legisladores acordaron una redacción en donde simplemente se señalaba que toda persona tendrá derecho a un mínimo vital para asegurar una vida digna en los términos de la Constitución, dando prioridad a las personas en situación de pobreza.

Ahora, con la iniciativa de Ley Constitucional presentada por Temístocles Villanueva se precisar que el derecho a un mínimo vital tiene por objeto garantizar las condiciones materiales de una subsistencia acorde con la dignidad humana y llevar una vida libre del temor, mediante la satisfacción de niveles mínimos esenciales de los derechos a la alimentación, vestido, vivienda, trabajo, salud, transporte, educación, cultura y a un medio ambiente sano y sustentable.

Se precisa que la Ley de Desarrollo Social establecerá las modalidades que este derecho tendrá en los planes, programas y políticas del gobierno de la Ciudad.

Además, se le impone la obligación al Congreso local de incluir, como parte del Presupuesto de Egresos anual, los recursos económicos necesarios para cumplir con este derecho de forma progresiva. El Gobierno diseñará e implementará los programas destinados a hacer efectivo este derecho, se agrega.

Desalojados

En la iniciativa de Ley que hoy se hizo pública, se profundiza en algunos derechos como en de la vivienda, a grado tal que personas víctimas de un desalojo tendrán garantizado en derecho al hogar y las autoridades estarán obligadas a brindarles realojamiento.

El artículo 64 de esa propuesta señala ese derecho, pues establece que para evitar que los desalojos forzosos o lanzamientos violen, entre otros derechos, el derecho a una vivienda adecuada, podrán llevarse a cabo sólo en casos excepcionales.

Antes de realizarse un desalojo, las personas que serán desalojadas tienen el derecho a no ser discriminadas, que se estudien todas las demás posibilidades que permitan evitar o minimizar la necesidad de recurrir a la fuerza; la debida indemnización en caso de ser privados de bienes o sufrir pérdidas inmateriales; y contar con las debidas garantías procesales, lo que incluye la obligación del juez de dar audiencia a las personas que puedan ser objeto de un lanzamiento de su domicilio.

Además, las autoridades competentes deben garantizar el adecuado realojamiento, de las personas sin recursos desalojadas, en un radio no mayor a 15 km tomando como centro el lugar de origen.

En la Constitución local y dentro del artículo 16 se garantiza el derecho a la vivienda, pero se aclara que es casos de desplazamiento, estos sólo ocurrirán por razones de interés público, y será bajo ese único supuesto que se indemnizará y reubicará inmediatamente a sus residentes en lugares seguros, cercanos y en condiciones iguales o mejores a la vivienda de origen. En caso de no ser esto posible se ofrecerá protección legal y opciones para la reposición de la vivienda afectada.

El diputado de Morena y presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Legislativo local, Temístocles Villanueva, fue el encargado de presentar la propuesta de ley ante representantes de organismos no gubernamentales, así como de titulares de órganos autónomos entre quienes estaban la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos capitalina, Nashieli Ramírez y el titular del Tribunal Superior de Justicia local, Alvaro Augusto Pérez Juárez.

En el Museo Memoria y Tolerancia estuvieron presentes también los legisladores Margarita Saldaña, del PAN, y Jorge Gaviño, del PRD, aunque fue la panista quien dejó entrever que al momento de la discusión, Acción Nacional presentará observaciones de redacción distinta en diferentes apartados de la iniciativa.

Temístocles Villanueva estimó que el miércoles iniciará en comisiones la discusión del documento, con el propósito de que se apruebe en este periodo ordinario de sesiones, el cual concluye el 31 de diciembre. Así, el decreto estará listo para su promulgación y entrada en vigor el 1 de febrero de 2019.

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