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Instituto Electoral de la Ciudad de México

Justicia

Presenta titular de la CDHCDMX iniciativa de Ley Fátima al Congreso local



Ciudad de México.-La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la CDMX, Nashieli Ramírez, entregó al Congreso capitalino una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía local, con la cual se obliga al Ministerio Público a solicitar de inmediato la aplicación de la Alerta Amber Ciudad de México y la Alerta Amber México, cuando reciba una denuncia por sustracción, ausencia, extravío o desaparición de un menor.



Esta propuesta busca atender el problema de la falta de diligencia de las autoridades en el ejercicio de sus funciones, una conducta que se señaló como una irregularidad en el caso de la pequeña Fátima y que incluso la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum reconoció como una cadena de negligencias.



En la Gaceta Parlamentaria del Legislativo local apareció hoy esta iniciativa, por lo que en la sesión de este martes se dio cuenta de la misma y se remitió a la Comisión de Administración de Justicia para su dictaminación.



La propuesta de Nashieli Ramírez establece la obligación de la Fiscalía local para coordinarse con las alcaldías y autoridades de otras entidades y municipios para prevenir, investigar y perseguir delitos, así como para la búsqueda de infantes.



En el artículo 15, la ombusperson propone que ante una denuncia por la desaparición de un menor, el MP informe de manera inmediata a la Comisión de Búsqueda sobre la existencia de esa querella e implemente de inmediato el protocolo respectivo.



Ahí incluyó el planteamiento en el que se lee que: "tratándose de la sustracción, ausencia, extravío, no localización o desaparición de niñas, niños y adolescentes, el Ministerio Público que reciba la denuncia deberá solicitar de manera inmediata la implementación de la Alerta Amber Ciudad de México y, en su caso, solicite la de Alerta Amber México".



También plantea que en el Plan de Política Criminal incluya la retención y sustracción de menores como uno de los ilícitos de atención prioritaria.



Además, sugiere el establecimiento de registros informáticos de fácil acceso y mecanismos de colaboración intra e interinstitucional para la investigación inmediata de delitos y atención oportuna de víctimas.

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