Ciudad de México.- Arropado por un centenar de personas que se dijeron vecinos de Tláhuac, el jefe delegacional en esa demarcación, Rigoberto Salgado, acudió hoy a la Asamblea Legislativa del DF (ALDF) en donde presentó una carpeta con 300 pruebas a su favor, dentro del proceso que se le sigue para removerlo. Será el 14 de noviembre cuando el Pleno del órgano legislativo discuta y apruebe el dictamen definitivo sobre la procedencia de destituir al funcionario.
En la sesión de la Comisión Jurisdiccional de la ALDF, Salgado ratificó al polémico Gabriel Regino como su abogado defensor y fue notificado del plazo que se cumplirá el próximo 25 de septiembre, para conocer cuáles pruebas de las que hoy entregó fueron calificadas como válidas y cuáles no.
A su salida de la Comisión, que ya por costumbre se hace en medio del desorden, declaró que las 300 pruebas presentadas hoy van orientadas a lograr que la solicitud de remoción se retire, por ser producto de argumentos oscuros, vagos, imprecisos e incluso obtenidos en forma ilegal. El funcionario, emanado del partido Morena, rechazó tener vínculos con el grupo delictivo del Cártel de Tláhuac y con el abatido líder de esa organización delictiva, Felipe de Jesús Pérez Luna, alias “El Ojos”.
“Dimos respuesta a la infundada solicitud de remoción del jefe delegacional de Tláhuac. Lo hicimos con mucha claridad, con mucha precisión, presentado más de 300 pruebas. Categóricamente les comento que el gobierno delegacional no tiene ningún vínculo criminal con ninguna organización y, en relación a los contratos, no hay ninguna prueba que acredite ningún beneficio hacia ningún particular”, expuso en breve declaración a la prensa.
Cuando Salgado salía ya del edificio de la ALDF, el centenar de personas que lo apoyaban hicieron una valla humana desde las escalinatas del recinto legislativa hasta la camioneta del funcionario, para evitar que personas ajenas y representantes de medios de comunicación se le acercaran, mientras gritaban vivas al delegado y manifestaban que pueblos como el de Mixquic respaldan al jefe delegacional.
Los plazos
La sesión de la Comisión Jurisdiccional se realizó de nueva cuenta sin permitir el ingreso de cámaras y micrófonos. Los representantes de los medios de comunicación que asistieron tuvieron prohibido grabar y utilizar sus teléfonos celulares.
En esta reunión de la Comisión Jurisdiccional estuvieron los legisladores Armando López Campa, Iván Texta, Mauricio Toledo, Carlos Candelaria, Rebeca Peralta y José Manuel Delgadillo.
De acuerdo con el diputado del Movimiento Ciudadano y presidente de la Comisión Jurisdiccional, Armando López Campa, la decisión respecto al acceso condicionado de la prensa a estas reuniones de trabajo obedece a que se debe respetar la garantía al debido proceso para el delegado en Tláhuac.
López Campa se refirió a los plazos que seguirá la Comisión Jurisdiccional para construir el dictamen sobre la remoción de Salgado. De entrada, el próximo jueves 21 de septiembre se llevará a cabo una sesión de ese grupo de trabajo legislativo a las 11:00 horas a fin de dar trámite a las pruebas presentadas, tanto por parte de Salgado como las que interpuso el perredista Iván Texta a nombre de 23 legisladores para solicitar la destitución.
Después de esta fecha, la Comisión volverá a sesionar hasta el lunes 30 de octubre para trabajar con el proyecto de dictamen correspondiente. En ese periodo, los legisladores determinarán si es viable citar a comparecer a funcionarios del gobierno de la Ciudad y testigos que pudieran aportar pruebas en este caso.
López Campa se pronunció por citar a comparecer a la secretaria de Gobierno, Patricia Mercado; al contralor, Eduardo Rovelo; al actual procurador capitalino, Edmundo Garrido e incluso al anterior, Rodolfo Ríos; así como al titular del C5.
El viernes 10 de noviembre se presentará a los integrantes de la Comisión Jurisdiccional el dictamen correspondiente, en el que se expondrá si hay elementos suficientes para remover a Rigoberto Salgado y votar el documento respectivo.
Así, el calendario se cierra con la presentación de ese dictamen ante el Pleno de la ALDF el 14 de noviembre, donde 44 de los 66 diputados que integran el órgano legislativo (dos terceras partes) deben avalar el contenido del mismo.
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