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Política

Presenta Layda proyecto de presupuesto para Álvaro Obregón, y una lista de actos de corrupción

Ciudad de México.-La comparecencia de la alcaldesa en Álvaro Obregón, Layda Sansores, ante comisiones del Congreso capitalino para presentar su proyecto de presupuesto del próximo año, se convirtió en una ventanilla de denuncias por parte de ella, quien enumeró una larga lista de corruptelas cometidas por la administración anterior de la delegada perredista María Antonieta Hidalgo e incluso de funcionarios actuales de la Secretaría de Movilidad (Semovi).

Sansores acusó que la corrupción imperante le llevó a cerrar por tiempo indefinido el Módulo de Control Vehicular que operaba a un costado del edificio delegacional, sobre la calle 10, pues el personal que ahí laboraba hizo trámites como el emplacamiento de unidades sin ingresar esos datos al sistema. Fueron al menos mil 300 placas las que se generaron en ese módulo, de las cuales Semovi no tiene registro, dijo la alcaldesa.

El módulo de control vehicular funcionaba en un edificio prestado por la delegación. Con la llegada de Sansores, la alcaldía quitó el apoyo del inmueble.

Al tomar posesión del cargo, la alcaldesa creó una plataforma digital llamada Corruptómetro, donde la ciudadanía puede generar denuncias anónimas y así se supo de las irregularidades en el módulo de control vehicular, donde a decir de la mandataria siete empleados de la Semovi se repartían ganancias diarias por 240 mil pesos.

Reiteró lo que hizo público a través de redes sociales, la existencia de empresas fantasma que habrían generado un fraude a las arcas de la demarcación por 352 millones de pesos. Por esos hechos, la alcaldía ha abierto seis carpetas de investigación y presentará otras nueve.

“Al día siguiente que tomamos protesta llegaron 40 personas con unos contra recibos para exigirnos se les pagara un adeudo que tenía la otra administración que ascendía a casi 352 millones de pesos; 20 personas físicas y 97 empresas. Nadie habló de esto en la entrega-recepción, nadie hablo de pendientes ni de deudas y nos dimos a la tarea de investigar.

“Las 20 personas eran funcionarios que a la vez eran proveedores o bien eran familiares de funcionarios o bien nos tocó uno que era funcionario, que era proveedor y que estaba muerto. Desde ahí tuvimos que declararnos en suspensión de pagos porque ni de dónde”, expuso la alcaldesa.

En la comparecencia y al hablar del proyecto de presupuesto para 2019, Sansores dijo que plantea una reducción en el capítulo 2000, relacionado con servicios generales e insumos, pues ahí se encontró un despilfarro tal que, como por ejemplo, la administración anterior gastó 25 millones de pesos en plumas. La alcaldía sólo encontró cuatro de esos utensilios.

Un tema que levanto las cejas de los diputados fue la revelación de la alcaldesa sobre la existencia de bodegas clandestinas, donde la pasada administración guardaba tal cantidad de aparatos musicales que con ellos podían formarse diez orquestas sinfónicas, sin embargo, en los siete centros de artes y oficios que hay en la demarcación no tienen equipo y mucho menos maestros.

La opacidad en el manejo del presupuesto alcanzaría al gobierno central, pues a decir de la alcaldesa, se desconoce el destino de 400 millones prometidos por la actual administración para llevar a cabo obras de mitigación generadas por el proyecto del Tren Interurbano. Iban a ser 48 trabajos de mitigación que no se realizaron.

Layda Sansores presentó un proyecto de presupuesto austero, que incrementa en solo 1.5 por ciento el recurso asignado en 2018 por 2 mil 300 millones de pesos. Es decir, la mandataria sólo está pidiendo 34 millones de pesos adicionales, los cuales serían absorbidos por el planteamiento realizado por ella misma de incrementar en 33 millones de pesos el capítulo 1000, ya que se pretende elevar de nueve a 14 el número de direcciones generales que hay en el gobierno de la demarcación.

Dentro de las secciones de infraestructura que se contemplan en Álvaro Obregón está la instalación de escaleras eléctricas en cuando menos seis colonias establecidas en barrancas. El plan cuesta 80 millones de pesos.





Layda Sansores habló de otros aspectos como la fuerza pública con la que se cuenta para brindar seguridad. De 480 uniformados que supuestamente había solo se reportaron 200 “y de ahí a buscarlos de uno por uno, llegamos con el señor Amieva, con el Secretario de Seguridad, finalmente ya se reunieron los policías necesarios, fueron apareciendo, 91 no aparecieron por ningún lado y entonces nos dieron de la policía bancaria a precio de policías auxiliares y ya estamos trabajando. Entramos con 10 patrullas, una ambulancia, un camión diseñado para tomar las denuncias en los domicilios y tratar a la víctima cuando está en estado de shock”, dijo.





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