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Tribuna

Por una legislación para los pueblos y barrios originarios



Ciudad de México.- La pasada reforma política para la Ciudad de México otorgó el marco legal que los capitalinos requeríamos para dejar a resguardo los derechos y aspiraciones que en los últimos 20 años se habían alcanzado, una Constitución Política para la Ciudad de México que la reconoce como una ciudad justa, democrática e incluyente.



En particular reconoce la Naturaleza Intercultural, Pluriétnica, Plurilingüe y Pluricultural de la Ciudad de México



Aquí se tiene documentada la existencia de 154 pueblos y 50 barrios originarios y comunidades indígenas residentes que se encuentran dispersas en las distintas alcaldías, cada una de ella con su propia identidad cultural, práctica institucional y lengua.



En la Ciudad de México se encuentra una de las primeras comunidades originarias reconocidas a partir de los “Títulos Primordiales de La Asunción Milpa Alta”, en donde se señala el concepto de comunidad y la propiedad comunal y los derechos comunales reconocidos por la Corona Española en 1529, mismos que aún se mantienen en medio de grandes contradicciones legales y sociales.



Es claro que la irrupción del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) 1994, dio visibilidad al tema Indígena y permitió incorporar al debate nacional y por lo tanto a la discusión del proyecto nacional el concepto de pueblos indígenas y de pueblos originarios, trayendo al plano legislativo entre otras reformas la reforma constitucional de 2011 en materia de derechos humanos.



Sin embargo aún se encuentra pendiente lo que el EZLN, planteó en el “Pronunciamiento Conjunto que el Gobierno Federal y el EZLN enviarán a las Instancias de Debate y Decisión Nacional” de 1994, si bien para el EZLN no se materializo en el cumplimiento de los acuerdos de San Andrés, si estableció bases para que las Comunidades Indígenas y Pueblos originarios irrumpieran.



Dicho acuerdo señala que “esta nueva relación debe superar la tesis del integracionismo cultural para reconocer a los pueblos indígenas como nuevos sujetos de derecho, en atención a su origen histórico, a sus demandas, a la naturaleza pluricultural de la nación mexicana…”



…En particular el EZLN solicita ‘Reconocer a los pueblos indígenas en la Constitución General’, así como Ampliar participación y representación política”.



De ahí la necesidad de que deban recibir por parte del Estado Mexicano, y en particular en la ciudad, de un marco jurídico especifico.



Es importante señalar que la exigencia permanente de los pueblos y barrios en términos de su autonomía y respeto a su forma de organización política, económica, cultural, medio ambiental ya era reconocida en esta ciudad capital, por ejemplo en la elección de las representaciones ciudadanas en las unidades territoriales que con el paso del tiempo y la participación de las comunidades se transformó en la elección de los Comités Ciudadanos y los Concejos de los Pueblos y Barrios Originarios que organizó el Instituto Electoral de la Ciudad de México en el marco de la Ley de Participación Ciudadana, recientemente abrogada.



Ya señalamos que en la Constitución se reconoce que la Ciudad de México es intercultural, tiene una composición plurilingüe, pluriétnica y pluricultural sustentada en sus habitantes; sus pueblos y barrios originarios históricamente asentados en su territorio y sus comunidades indígenas residentes. Más aún en ella se reafirma que todas las personas gozan de los derechos humanos y garantías reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados e instrumentos internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; y que los derechos pueden ejercerse a título individual o colectivo, tiene una dimensión social y son de responsabilidad común.



En la Constitución Política de la Ciudad de México, Titulo Quinto, Capítulo VII denominado Ciudad Pluricultural, artículo 58 dice: “Los pueblos y barrios originarios son aquellos que descienden de poblaciones asentadas en el territorio actual de la Ciudad de México desde antes de la colonización y del establecimiento de las fronteras actuales y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, sistemas normativos propios, tradición histórica, territorialidad y cosmovisión, o parte de ellas. La conciencia de su identidad colectiva e individual, deberá ser criterio fundamental para determinar a los sujetos que se aplicarán las disposiciones en la materia contenidas en ésta Constitución”.



Es pertinente mencionar que en la Constitución Local se evidencia la necesidad de una ley en la materia, en la que se defina con precisión las formas, tiempos y figuras administrativas que deberán adoptarse para llevar adelante la necesaria coordinación entre autoridades de los pueblos y las autoridades locales en sus distintos ámbitos de competencia.



Es claro que el reconocimiento amplio de los derechos genera una importante expectativa entre los interesados, unaexpectativa que debe atenderse de manera efectiva y apegada a los principios rectores de la constitución; y en donde se hace necesaria la participación del Instituto Electoral de la Ciudad de México como instancia que promueve y organiza la participación de acuerdo con estándares internacionales en esta ciudad.



Y hablando de expectativas en materia de legalidad, cabe hacer una reflexión un tanto ajena al tema del presente escrito, pero de sumo importante en materia de confianza en el cuerpo normativo: El reciente movimiento disruptivo de miles de mujeres ante la violencia de género que se ha desatado en los últimos años en México, y particularmente en la CDMX, nos obliga a reflexionar sobre lo endeble que pareciera ser el robusto marco legal que tutela el derecho a una vida libre de violencia hacia las mujeres; ello nos obliga a tomar medidas desde los diversos ámbitos y responsabilidades del servicio público, nos obliga a instrumentar acciones nuevas, creativas y jóvenes en su accionar, que superen lo que pareciera sólo se ha quedado plasmado en el papel.



En el movimiento feminista se vislumbra una ruptura generacional, ahora las mujeres no se convencen sólo con discursos y programas cosméticos. Las mujeres jóvenes salieron a decir con toda la fuerza de que son capaces, ¡basta de simulación! ¡Basta de mentiras! Es decir, estamos hartas, estamos hasta la madre de que nos utilicen para la foto y en los hechos sea cada vez más difícil ser mujer y ser joven en esta ciudad. Así también puede pasar con las comunidades indígenas. Enhorabuena por esta nueva generación.

Etiquetas CDMX Indígenas Pueblos Ley Carolina del Ángel IECM

Carolina del Ángel Cruz

Consejera Electoral del IECM, presidenta de las comisiones de Igualdad de Género y Derechos Humanos, y de Asociaciones Políticas; e integrante de las de Organización Electoral, y Fiscalización.

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