Ciudad de México.-Para el gobierno capitalino que a partir de diciembre encabezará Claudia Sheinbaum, podría costarle 3 mil millones de pesos la decisión de cancelar la planta de termovalorización de residuos sólidos autorizada por la actual administración.
La propia jefa de gobierno electa reveló hoy que dar marcha atrás en ese proyecto tiene una penalización de casi 3 mil millones de pesos, pues así lo establece el contrato que los funcionarios salientes presentaron al equipo de transición, pero aún así la futura mandataria se dijo convencida de suspender la termovalorizadora.
Insistió en que la planta es un plan de manejo de residuos muy mal diseñado y plagado de problemas jurídicos y financieros; por ello reiteró que si el actual gobierno insiste en mantenerlo, habrá un proceso jurídico para detenerlo y evitar el pago de la penalización.
Subrayó que el dinero para la creación de esa infraestructura no es del gobierno de la Ciudad, ni de las empresas que operarían la planta, sino de los capitalinos “y no se puede pagar la penalización de algo que está lleno de irregularidades”, reiteró.
Adelantó que los futuros secretarios de Obras y de Medio Ambiente trabajan ya en un plan integral de manejo de residuos sólidos que presentarán en dos meses, el cual tendrá que ver con reciclaje y disposición final.
Reiteró lo dicho en otros momentos, en el sentido de que la termovalorizadora representa una deuda excesiva para el gobierno de la Ciudad y sus habitantes.
Expuso que en este tema debe haber una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a donde recurrieron los actuales diputados locales de Morena para reclamar la inconstitucionalidad del proceso legislativo que tuvo lugar en noviembre pasado cuando, en una sesión donde estuvo en duda la existencia de quórum y el nombramiento de una mesa directiva sustituta, se aprobaron compromisos financieros por 30 mil millones de pesos para un periodo de 30 años a fin de darle viabilidad al proyecto.
También recordó que hay una acción pública que ciudadanos interpusieron en el Tribunal de Justicia Administrativa, reclamando la nulidad del contrato para la construcción de la planta.
Dio a conocer que en su equipo de colaboradores están revisando los elementos de nulidad del contrato.
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