Ciudad de México.- La recomposición y el reacomodo de fuerzas entre los partidos políticos de izquierda que ocurrió este domingo, tendrá una repercusión significativa en la Asamblea Legislativa del DF (ALDF), pues ahí el PRD ha sufrido una sangría importante al perder de un golpe a tres de sus legisladores.
Los diputados Víctor Hugo Romo, Beatriz Olivares y Socorro Meza se sumaron hoy al Acuerdo Político de Unidad Nacional del partido Morena y con ello pusieron fin a su militancia en el partido del sol azteca. Ese Acuerdo también lo suscribió el asambleísta Carlos Candelaria, quien deja el Partido Encuentro Social..
Así, la bancada perredista que tenía 17 legisladores se quedará con 14, mientras que Morena crecerá, de 20 a 24 diputados.
La importancia en el aumento de diputados no sólo es por el número, pues aunque los legisladores de Morena no forman parte de comisiones legislativas, por si solos tienen ya una tercera parte y un poco más de las curules que integran la ALDF.
Así podrán echar abajo aquellas votaciones y ratificación de funcionarios que requieran el respaldo de las dos terceras partes de los integrantes de la Asamblea Legislativa.
La bancada de Morena también tendrá la capacidad de presentar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) acciones de inconstitucionalidad contra leyes que apruebe el órgano legislativo, sin necesidad de buscar respaldo en otros partidos políticos.
Hoy, para que un partido en la ALDF pueda impugnar leyes ahí aprobadas requiere del apoyo de 22 diputados, y Morena ya tiene 24. Las dos terceras partes del órgano legislativo son 44 diputados, pero el PRD y sus aliados coyunturales del PAN, PRI, PVEM y partidos minoritarios solo suman 42.
Es previsible que Morena haga uso de esa mayoría en fecha reciente, al presentar las acciones de inconstitucionalidad que tiene previstas en contra de las 11 leyes que forman parte del Sistema Anticorrupción de la CDMX.
Los diputados de ese partido han acusado de inconstitucional el paquete normativo que conforma ese Sistema, por contraponerse a la Constitución federal, a la local, así como a la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.
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