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2018

Piden personajes como Cárdenas, Muñoz Ledo, Meyer y Villoro al INE y TEPJF garantizar voto libre

Ciudad de México.- Un grupo de 39 políticos, intelectuales, escritores, académicos, actores e integrantes de la sociedad civil, además de 14 organizaciones no gubernamentales, firmaron una carta dirigida al presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, así como a la magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Janine Madeline Otálora Malassi, en la que proponen adoptar una serie de medidas que garantizarían el voto libre, razonado y auténtico.
Porfirio Muñoz Ledo, Cuauhtémoc Cárdenas, Sergio Aguayo, Lorenzo Meyer, Amalia García, Ifigenia Martínez, Bruno Bichir, Miguel Concha Malo, Alejandro Encinas, Daniel Jiménez Cacho, Ifigenia Martínez, Guadalupe Loaeza, Santiago Nieto, Elena Poniatowska, Juan Villoro, Clara Jusidman, entre otros, son los firmantes de esta carta, en la cual advierten que si sus peticiones son desoídas, acudirán a instancias internacionales para hacerse escuchar.
"Si nuestras peticiones fueran desoídas, nos reservamos el derecho de acudir ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para exigir el cumplimiento del artículo 23, b) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Asimismo, acudiremos ante el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en virtud del artículo 25, b) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos", se lee en esta misiva.
De entre las nueve peticiones que hicieron estas personalidades, destaca la exigencia de investigar el eventual conflicto de intereses por los vínculos entre el precandidato de la coalición PRI-PVEM-PANAL, José Antonio Meade, y el titular de la Unidad Técnica de Fiscalización del INE, Lizandro Núñez Picazo, y de comprobarse, proceder a la destitución del titular.
Núñez se desempeñó como titular de la Administración General de Recaudación del SAT y a pesar de su señalada cercanía con Meade, el pleno del Consejo General del INE lo designó en diciembre pasado como responsable de la Unidad Técnica de Fiscalización.
En la carta dirigida a las autoridades del INE y del TEPJF también se pide considerar la cancelación del registro de cualquier partido que se ubique en los supuestos previstos en el artículo 456.1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el cual señala las sanciones a las que se harán acreedores los partidos por distintas conductas.
El documento también señala peticiones como publicar informes pormenorizados de los gastos de partidos y candidatos por parte de la Unidad de Fiscalización del INE; promover acuerdos de civilidad política entre los partidos y los candidatos; sancionar severamente las campañas negras conforme a los artículos 247, 380, 394, 443, 446, 452 y 471 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, sin menoscabo alguno de la libertad de expresión.
Además, piden instalar una plataforma digital que permita monitorear en tiempo real los gastos de campaña y que pueda alimentarse de forma permanente con datos aportados por la ciudadanía; así como coordinar a las autoridades electorales con el Sistema Nacional Anticorrupción y de transparencia, a fin de fiscalizar estrictamente el ejercicio de los recursos públicos y el uso electoral de programas sociales, para perseguir y sancionar la compra y coacción del voto.
Plantean flexibilizar y transparentar el voto de los mexicanos en el extranjero; verificar de manera permanente a los OPLE en el cumplimiento de los acuerdos emitidos por el INE, así como la imparcialidad de los vocales ejecutivos locales y distritales, tanto de los Estados como de la Ciudad de México.
Acusaron que en los últimos años, los procesos electorales de nuestro país se han caracterizado por la incertidumbre y la desconfianza y prueba de ello es que la sociedad mexicana puede dar testimonio del dispendio de recursos públicos y de otras actividades ilícitas que redundan en coacción, compra del voto y prácticas fraudulentas que vuelven ilegítimos los resultados de los comicios.
Las irregularidades se observan antes, durante y después de la jornada electoral; son cometidas por una multiplicidad de actores que van más allá de los partidos políticos o los funcionarios públicos; involucran a otros entes sociales y económicos, agregaron.
Por ejemplo, citaron la transferencia de dinero de los gobiernos locales a las campañas electorales en contravención a las leyes electorales y al artículo 134 de la Carta Magna, y recordaron las aportaciones de Odebrecht, OHL y la Estafa Maestra a través de empresas fantasma, que de ser probadas, constituirían una causal de pérdida del registro, de acuerdo con el artículo 456.1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Señalaron el multimillonario desvío de recursos en Veracruz, Quintana Roo, Chihuahua y Tamaulipas; la participación de miembros del gabinete federal; la inaceptable omisión de las autoridades financieras del país; la apertura de procesos penales a modo contra ex gobernadores; y las represalias contra funcionarios que con autonomía han investigado estos hechos, lo cual demuestra la existencia de acciones concertadas hacia un inminente fraude electoral, cuya consumación podría confrontar gravemente al país.
"Debemos tener conciencia de que las irregularidades han comenzado. Por tanto, la fiscalización de los órganos electorales debe ser estricta y transparente. No debemos permitir que se repitan los acontecimientos de 1988 que retrasaron, durante una generación, la transición democrática de nuestro país", alertaron los firmantes de esa carta, entre los que se encuentran las organizaciones Cencos, Red de Mujeres Sindicalistas, el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Victoria, entre otros.

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