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Instituto Electoral de la Ciudad de México

Política

Piden diputados a autoridades evitar descalificaciones contra periodistas. Refieren agresión de Chiguil



Ciudad de México.-El diputado local del PRI, Miguel Ángel Salazar, presentó ante el Pleno del Congreso capitalino un punto de acuerdo que se aprobó de urgente y obvia resolución, a través del cual solicitó a las autoridades de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Ciudad evitar las descalificaciones y la estigmatización hacia las y los periodistas.



El legislador expuso que una actitud de respeto y prudencia hacia los representantes de los medios de comunicación evitará un impacto negativo del discurso que permea en la sociedad y que puede generar mayor vulnerabilidad hacia las personas periodistas.



En la tribuna del Congreso local y como presidente de la Comisión de Protección a Periodistas del Órgano legislativo, Salazar reiteró que la descalificación o estigmatización de cualquier periodista por parte de un servidor público impacta de manera directa y puede generar condiciones adversas para el ejercicio periodístico.



“En un estado de derecho y democrático, como lo deseamos que sea México, no podemos poner en riesgo a las personas periodistas por el simple hecho de que no comulgamos con sus opiniones”, dijo.



Lamentó que la práctica de estigmatizar o descalificar a las personas periodistas se ha vuelto reiterada en diversas entidades del país y en diferentes foros por muchísimos servidores públicos de los diferentes órganos de gobierno.



“En la Ciudad de México específicamente, esta semana diversos medios de comunicación dieron a conocer declaraciones estigmatizantes realizadas por un servidor público (Francisco Chiguil) en contra del periodista Alberto Cuenca, reportero del medio de comunicación Capital CDMX”, señaló el diputado del PRI.



Recordó también que en el mes de julio el entonces Secretario de Seguridad Ciudadana, Jesús Orta, también expresó amenazas en contra del periodista Carlos Jiménez.



“Esto no implica que funcionarios públicos se abstengan de participar en el debate público, ni mucho menos que se inhiba de ejercer su derecho a la réplica; al contrario, es necesario que desde la administración pública se nutra el debate, aportando datos e información que ayuden a robustecer el derecho de información de las personas.



“Sin embargo, cuando en estas respuestas oficiales se incurre en la descalificación y estigmatización a la labor periodística, no se construye una relación democrática en los medios de comunicación y, de igual forma, se inhibe el derecho a la ciudadanía de contar con información”, expresó Miguel Ángel Salazar.



Recordó que ayer la organización Artículo 19 fijó postura respecto a la agresión verbal del alcalde de Gustavo A Madero, Francisco Chiguil, en contra del periodista de Capital CDMX, Alberto Cuenca.



Artículo 19 expuso que esa clase de señalamientos realizados por funcionarios públicos son particularmente riesgosos en un contexto de violencia generalizada contra las y los periodistas y este sentido, las y los funcionarios públicos tienen el deber de garantizar la libertad de expresión, por lo que sus declaraciones en contra de periodistas o medios de comunicación pueden generar condiciones adversas para el ejercicio periodístico.



Así, Salazar presentó el punto de acuerdo cuyo resolutivo único plantea: “El Congreso de la Ciudad de México, con pleno respeto de las funciones y atribuciones de los demás órganos de gobierno y sobre todo al derecho de la libertad de expresión, solicita atentamente a todos los integrantes de los órganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Ciudad de México, se conduzcan con respeto y prudencia, evitando palabras que descalifiquen o estigmaticen a las personas periodistas al realizar entrevistas o conferencias, ya sea de manera personal o a través de cualquier medio de comunicación, evitando un impacto negativo del discurso que permea en la sociedad, que pueda generar mayor vulnerabilidad de las personas periodistas”.



El Pleno del Congreso aprobó el punto de acuerdo en votación económica.



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