Piden a autoridades decretar moratoria para evitar desalojos de viviendas en renta durante la pandemia

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Ciudad de México.-Un extenso colectivo de organizaciones sociales y activistas, al que se sumaron investigadores y académicos, solicitaron al gobierno de Claudia Sheinbaum y al presidente del Tribunal Superior de Justicia local Rafael Guerra, decreten una moratoria o suspensión urgente de desalojos y ejecuciones hipotecarias durante la actual pandemia.

En videoconferencia de prensa dijeron que es apremiante adoptar medidas emergentes para atender la ola de desalojos que se ha registrado durante la pandemia por Covid-19 y en este momento más que nunca garantizar el derecho a la vivienda.

“Preocupa que a casi un año del inicio de la contingencia sanitaria en nuestro país, las instancias de la Ciudad de México no hayan tomado medidas en este sentido”, acusaron.

En el escrito dirigido tanto a Sheinbaum como a Rafael Guerra, recordaron que durante la suspensión de actividades del Poder Judicial de la Ciudad de México debido a la emergencia sanitaria se han realizado desalojos, varios de ellos con participación de actuarios judiciales.

Puntualizaron que un sondeo aplicado en el mes de mayo del 2020 se reportó que por lo menos 256 personas habían sido desalojadas y recordaron el caso de un desalojo en la calle de Puebla 261, de la colonia Roma, donde una familia se enfermó de COVID-19 durante un desalojo y una persona ya falleció debido a esa enfermedad.

“Es por ello que exigimos al Poder Judicial de la Ciudad de México que realice de manera urgente todas las acciones necesarias para investigar y en su caso sancionar a todos/as los/as actuarios/as que estén participando en desalojos ilegales, apoyados incluso por elementos de seguridad privada de las inmobiliarias”, agregaron.

La solicitud de moratoria va suscrita por la Red de Desalojos, el Movimiento Urbano Popular, 06600 – Plataforma Vecinal Colonia Juárez, la Oficina para América Latina de la Coalición Internacional para el Hábitat (HIC-AL), así como por 83 organizaciones y colectivos, así como 595 personas activistas, 5 asociaciones académicas y 42 investigadores y estudiantes del Seminario de Estudios Urbanos Críticos del Colegio de Geografía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.

Las organizaciones y activistas promoventes y firmantes indicaron que su exigencia tiene como sustento el llamado hecho por el Relator Especial para la Vivienda Adecuada de las Naciones Unidas en julio de 2020, para que todos los países adoptasen una moratoria de desalojos y ejecuciones hipotecarias, así como de evitar desalojos forzosos, durante la pandemia.

De esa forma, instaron a la Jefa de Gobierno a cumplir con este llamado y a adoptar como medida sanitaria una moratoria, tal y como ya se ha hecho en países como Alemania, Argentina, Austria, Colombia, Chile, España, Estados Unidos, Francia, India, Italia, Malasia, Reino Unido y Sudáfrica. Además, exigieron se tomen las medidas necesarias para prevenir y evitar desalojos a mano propia y el corte de servicios básicos a familias vulnerables, así como prever apoyos para propietarios cuya economía familiar, dependa en su totalidad o en un porcentaje importante de sus rentas.

Instaron al Poder Judicial de la Ciudad de México a no ejecutar los desalojos de personas en situación de vulnerabilidad al reanudar labores este 15 de febrero.

Los vecinos y activistas precisaron que esta moratoria se trata de una medida temporal y no implica amnistía de pago para los arrendatarios, ni el perdón de la deuda, pues su principal objetivo es atender los casos de personas en situación de especial vulnerabilidad socioeconómica.

Plantearon que dentro de esos grupos vulnerables a beneficiar con la moratoria se incluyan a familias de bajos ingresos, mujeres cabeza de familia, adultos mayores, indígenas, personas con discapacidad y quienes durante la pandemia hayan perdido su empleo.

Consideraron que la Jefa de Gobierno sí tiene la facultad de ordenar como medida sanitaria la no ejecución de desalojos por vía judicial y administrativa, así como establecer otras disposiciones para prevenir y evitar desalojos a mano propia y el corte de servicios básicos como el agua ,en contra de las familias vulnerables.

Afirmaron lo anterior con base en los artículos 9.E.2, 16.E.c y 16.I.e de la Constitución Política de la Ciudad de México, así como los artículos 24.V, 102 y 199 de la Ley de Salud del Distrito Federal. También se pueden prever apoyos para los propietarios que, para satisfacer sus necesidades básicas, dependen de las rentas.

Agregaron que mientras persista la pandemia y no se haya alcanzado un número importante de población vacunada, seguirán los problemas económicos, la pérdida de empleos y habrán miles de personas con problemas para pagar sus rentas.

Señalaron que no todos los desalojos en la capital federal se dan por mandamiento judicial, sino que existen otros que pueden darse por vía administrativa o de forma ilegal.

Durante la videoconferencia, Kalych Escoffié habló de estudios a nivel internacional los cuales apuntan a que una moratoria puede reducir los niveles de contagio y de mortandad por Covid-19 hasta en un 11 por ciento.

Alma Luisa habló de los grupos vulnerables a quienes les urge esta moratoria. Explicó que familias de escasos recursos destinan en promedio 37 por ciento de sus ingresos mensuales para el pago de renta, mientras que 60 por ciento de la población joven de 30 años paga renta en la CDMX.

Sergio González reiteró que la propuesta de moratoria es una medida temporal y tendría que aplicarse hasta que no se recupere la economía, lo cual podría suceder ya en una etapa pospandemia.

Silvia Emanuelli adelantó que arrendadores preparan ya amparos con el fin de evitar desalojos una vez que reinicie funciones el Poder Judcial de la Ciudad.

María de Jesús, destacó que mientras en el país un 14.15 por ciento de la población ocupa viviendas en renta, en la Ciudad esa cifras eleva de 24.3 por ciento; de estos últimos sólo 41 por ciento tienen un contrato de arrendamiento.

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