Persecución política en la CDMX



Ciudad de México.- El desprecio a la legalidad que caracteriza al Primer Mandatario se ha convertido en la regla que siguen sus aliados para neutralizar a las oposiciones.



Es el caso de Claudia Sheinbaum quien adoptando las prácticas autoritarias de su jefe, ha decidido dar el peligroso paso de la persecución judicial contra aquellos adversarios que amenazan el monopolio político que la 4T pretende imponer en la capital del país.



La detención de la activista social Diana Sánchez Barrios se llevó a cabo violentando el debido proceso, sus garantías constitucionales de acceso a la justicia y a una defensa legal adecuada.



La actuación arbitraria de las autoridades judiciales la dejó en estado de indefensión vulnerando sus derechos humanos.



Aparece el uso indebido del sistema penal para criminalizar a los disidentes, una práctica muy común en los sistemas no democráticos.



El uso faccioso de la justicia permite la criminalización de los adversarios para excluirlos de la competencia por el poder.



Diana Sánchez Barrios es candidata de la coalición opositora “Va por México” al Congreso local por un distrito que podría ganar, poniendo en aprietos a Dolores Padierna a quien Sheimbaum ha ofrecido el control del Centro Histórico con miras a la sucesión presidencial de 2024.



Sánchez Barrios adquirió notoriedad por su iniciativa ciudadana preferente “Chambeando Ando” que busca dotar de certeza jurídica, así como de derechos y obligaciones, a los trabajadores no asalariados en la vía pública.



A pesar de haber cumplido con lo estipulado en la nueva Constitución Política CDMX, los diputados oficialistas mantienen congelada dicha iniciativa por temor a la organización ciudadana.



Las actuales persecuciones políticas hacen recordar los viejos procesos judiciales contra los disidentes bajo el nazismo, el fascismo y el estalinismo.



En el léxico cotidiano los conceptos de política y justicia se contraponen. La política se presenta como acción estratégica por el poder, mientras que la justicia proyecta la imagen de imparcialidad.



De un lado, la metáfora de la espada, del otro, la imagen de una balanza que dirime los conflictos.



La justicia politizada surge cuando las instituciones se utilizan para alcanzar objetivos de partido, como pueden ser la liquidación de un líder social o la exclusión de un partido opositor.



En su obra: Derecho Penal del Enemigo, el jurista alemán Günter Jakobs, afirma que en la actualidad, para el poder penal del Estado no todos los ciudadanos tienen los mismos derechos, sino que están las personas de un lado y los enemigos del otro.



Considera una ilusión creer que todos los seres humanos se hallan vinculados entre sí por medio de las leyes.



El derecho penal del enemigo es selectivo, no atiende todos los casos de la misma forma: para los adversarios está la fuerza del Estado, para los cercanos la impunidad.

Todo proceso político inventa enemigos para orientar la disputa en una dirección o en otra.



Elimina lo abstracto del conflicto y muestra el rostro concreto del opositor. La solución de los conflictos políticos con procedimientos judiciales representa una práctica en la que el derecho solo existe entre iguales, mientras que entre los no iguales solamente vale la ley del más fuerte.



Actuar así, pone en tela de juicio la funcionalidad de nuestras instituciones incrementando la desconfianza social.



Este es el enrarecido clima político que -con la intromisión del gobierno- se está creando en torno del actual proceso electoral caracterizado por amenazas, privaciones ilegales de la libertad y atentados contra distintos candidatos opositores.



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Twitter: @isidrohcisneros

  • Isidro Cisneros

    Isidro Cisneros

    Doctor en Ciencia de la Política por la Universidad de Florencia, Italia. Licenciado en Sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Licenciado en Derecho por la Universidad La Salle del Pedregal. Fue diputado de la Asamblea Constituyente de la CDMX.