Ocho meses después del plazo legal, aprueban dictamen de ley que regula comercio en vía pública

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Ciudad de México.-Más de ocho meses después del plazo legal que tenían para aprobar el dictamen, los diputados locales de la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso capitalino finalmente lograron hoy avalar el documento por el cual se expide la Ley que Regula las Actividades de las Personas Trabajadoras no Asalariadas, Prestadoras de Servicios por Cuenta Propia, Productoras de Bienes Artesanías y de los Comerciantes en el Espacio Público de la CDMX, la cual deriva de dos iniciativas ciudadanas que impulsaron las dirigentes de comerciantes ambulantes Diana Sánchez Barrios y Maria Rosete.

El dictamen no se avaló por unanimidad, pues hubo seis votos a favor, pero cinco abstenciones de legisladores del PRD y del PAN y del legislador de Morena Ricardo Ruiz. Además, la aprobación del dictamen no estuvo exento de polémicas, pues durante la reunión de la Comisión se dio oportunidad de tomar la palabra a las dos dirigentes de vendedores informales y ahí Sánchez Barrios acusó que esta normatividad contiene elementos violatorios de derechos y dejan abierto un amplio margen de discrecionalidad en detrimento del comerciante en vía pública.

Habló en específico del artículo 12, el cual establece que las autoridades no podrán expedir autorizaciones para el comercio no establecido en vías primarias, prados, camellones, así como en el interior de estaciones del Metro, en el Metrobús, y cualquier otro transporte público, además de que está prohibida su operación en accesos a los espectáculos públicos, entradas a estacionamientos de autos, áreas de acceso y tránsito de hospitales, clínicas, escuelas, estaciones de bomberos, zonas remodeladas, espacios públicos recuperados y otros lugares similares que determine el Reglamento en la materia

"Esto significa cualquier ocurrencia o discrecionalidad de la jefatura de gobierno y si decidiera el gobierno que no se permite el comercio en ningún punto de la Ciudad,  ustedes habrán avalado esa restricción", acusó Diana Sánchez, hija de la histórica dirigente del comercio informal Alejandra Barrios Richard.

Expuso que la Constitución capitalina garantiza el derecho a un trabajo digno para las y los trabajadores en el espacio público, pero lamentó que este dictamen excluye a grupos de atención prioritaria, además de que es invasivo de la libertad de asociación.

Dijo también que en 24 supuestos, la nueva ley remite a un reglamento que deberán elaborar las autoridades capitalinas y así ejemplificó la forma en la que los diputados renunciaron a su facultad legislativa, para dejar todo en un reglamento que impondrá restricciones "con peligrosidad".

Un ejemplo de lo mencionado por Sánchez Barrios está en el artículo 13, donde al hablar del ordenamiento de la venta de alimentos en la vía pública se señala que los controles de calidad quedarán establecidos en el Reglamento respectivo y en las Normas Oficiales Mexicanas aplicables.

La dirigente pidió a los legisladores que el dictamen regresara a la secretaría técnica de la Comisión, para incorporar ahí las aportaciones realizadas por la representación del comercio popular, pero los diputados ni siquiera discutieron esa posibilidad.

De entre los diputados, quien se manifestó en contra del dictamen fue el perredista Víctor Hugo Lobo, pues señaló vacíos de técnica parlamentaria en la redacción del proyecto de dictamen, al no incluirse seis iniciativas del mismo tema que recayeron en otra comisión legislativa. 

Alertó sobre las contradicciones que podrían presentarse si en esta comisión, la del Trabajo, se aprueba un dictamen con disposiciones totalmente distintas a las que se aquí se incluyeron.

Al respecto,el diputado de Morena y presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales Nazario Norberto Sánchez, recordó que existe una resolución judicial derivada de un juicio de amparo, para exigir a los diputados aprobar ya el dictamen que derivó de las dos iniciativas ciudadanas, además de que este dictamen se avaló fuera de tiempo.

Encargado de presentar el documento para su votación, Nazario Norberto Sánchez explicó que se reconoce al comercio en vía pública como una modalidad de ejercicio del derecho humano al trabajo, permite acceder a programas de créditos para la vivienda y da certeza jurídica para que en caso de abuso por parte de la autoridad cuenten con los medios necesarios para su adecuada defensa. 

Además, garantiza el otorgamiento de la autorización que deberá expedir la autoridad para el adecuado desempeño de dichas actividades y a recibir servicio médico gratuito por parte de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México.

En tanto, la diputada federal María Rosete Sánchez consideró que el dictamen representa un avance importante en materia legislativa y para la democracia en la Ciudad de México, además de contribuir a resolver el problema del comercio informal y la desigualdad social.

 

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