Ciudad de México.- El Congreso de Oaxaca aprobó la reforma al Artículo 20 bis de la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes con lo que se prohíbe la venta directa de productos chatarra a menores de edad.
Tras la aprobación con 31 votos a favor, Oaxaca se convirtió en el primer estado del país en prohibir la venta directa de bebidas azucaradas y alimentos con alto contenido calórico a menores de edad con el fin de atender “la epidemia de obesidad” en menores.
La iniciativa surgió de la diputada de Morena Magaly López Domínguez y contó con el respaldo de su bancada y de la fracción petista, no obstante, legisladores del PRI se opusieron a esta adhesión a dicha Ley.
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Además de la oposición dentro del Congreso, la iniciativa encontró rechazo principalmente de sectores económicos; empresarios manifestaron su descontento al considerar que la medida lacera la -ya lastimada por la pandemia- economía oaxaqueña. Comerciantes protestaron fuera del Congreso y reclamaron que la medida pone en riesgo sus negocios.
La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes no se quedó atrás y lanzó críticas similares por lo que llamó a detener la propuesta; no obstante, la diputada reviró asegurando que no se trata de una medida punitiva, sino que es similar a prohibir la venta de cigarros y alcohol a menores de edad, y que sean sus papás los que decidan si consumen o no estos dañinos productos.
Organismos internacionales y la Subsecretaria de Prevención y Promoción de la Salud Federal, vieron con buenos ojos la reforma, misma que respaldaron, por ejemplo, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México.
Una vez aprobada la iniciativa, el subsecretario y vocero del avance de la epidemia, Hugo López-Gatell, lanzó felicitaciones al estado de Oaxaca durante su conferencia vespertina del 5 de agosto, además explicó lo positivo de esta opción en contraste a la autorregulación por parte de las empresas.
Recordó que, desde el sexenio antepasado, las empresas propusieron autorregularse, sin embargo, no se redujo la oferta de productos altos en azúcares, grasas y sales, “de muy bajo contenido nutricional”.
Criticó que existe publicidad de productos, incluso, en remodelaciones de escuelas y agregó que la autorregulación es más complicada si no existe la voluntad de ello por parte de las empresas, por lo que consideró que el mejor vigilante para hacer cumplir la ley ya aprobada es la ciudadanía al tomar conciencia del daño que representa el consumo de estos productos industrializados.
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