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Justicia

ONU enviará recomendación a México por desplazo de periodistas

Ciudad de México.- La Relatoría Especial de Derechos Humanos sobre el Desplazamiento Interno de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) admitió durante el foro “De la voz de ellos” que en México nunca se ha reconocido este problema que transgrede los derechos humanos de los ciudadanos, sobre todo de grupos vulnerables.

En el marco de la convención para analizar la situación de desplazamiento forzado a nivel mundial, se comprometió a emitir medidas para que el Estado mexicano atienda este foco rojo.

En dicho foro, al que acudió el periodista desplazado de Tamaulipas Gildo Garza, como representante del país, otras organizaciones y países se unieron al reclamo para que México genere políticas públicas para estos grupos vulnerables.

Lo anterior, debido a que hoy en día, a pesar de los informes de organismos defensores de derechos humanos sobre el Desplazamiento Forzado Interno (DFI), el gobierno mexicano ha rechazado aceptar este problema que enfrentan miles de personas, y en los últimos años también a periodistas, debido a agresiones y amenazas.

Gildo Garza, presidente de la Asociación de Periodistas Desplazados México, ayer entregó a la relatora especial de Derechos Humanos en materia de DFI de la ONU, Cecilia Jiménez Damary, un informe sobre la situación en México, el cual detalla que según organizaciones que han realizado estudios, en el país de 2009 al 2017 se han desplazado de manera forazada más de 300 mil personas, entre ellas 70 periodistas amenazados, de los cuales algunos viven en el exilio fuera de sus entidades o en otros países.

En el foro de este miércoles, representantes de Japón, Uganda y Nepal también externaron informes sobre esta situación que afecta a millones de personas a nivel mundial.

Dentro de las propuestas formuladas por participantes de distintas nacionalidades y organizaciones, se encuentra la división de grupos sociales, como migrantes, indígenas, niños, mujeres y periodistas, para diferenciar y analizar las necesidades de cada sector, y obligar al Estado mexicano a reconocer de forma oficial esta realidad.

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