Ciudad de México.- De prosperar la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) en contra del candidato del PRI y el PRD a la gubernatura de Nuevo León, Adrián de la Garza, tendrá que ser absuelto.
La utilización de tarjetas como propaganda electoral no contraviene la ley. Esto lo determinó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) desde noviembre de 2017, cuando resolvió un Juicio de Revisión Constitucional sobre lo ocurrido en Coahuila.
Miguel Riquelme fue acusado de utilizar tarjetas y de prometer beneficios al electorado. Los priistas planearon utilizar los siguientes productos: Mi monedero, Mi monedero Rosa y Mi tarjeta de Inscripción.
TE PUEDE INTERESAR: Un cero de hace 40 años
El Tribunal Electoral Estatal determinó sancionar al PRI y a su candidato, pero esto fue revertido en la Sala Superior del TEPJF.
Esto ocurrió porque los priistas imprimieron 600 mil tarjetas, pero no las repartieron sino en una pequeña proporción, pero, lo más interesante para el tema que nos ocupa es que se confirmó el criterio de que “no existe prohibición alguna de distribuir propaganda electoral impresa en formato de tarjetas, entregar dípticos o folletos que expliquen las propuestas de campaña de los candidatos, pues ello no genera por sí mismo la vulneración o el incumplimiento de algún dispositivo legal" (Sup-JRC-388/2017 y acumulados).
Esto es similar a la propuesta de De la Garza de sus tarjetas rosas, donde no hay evidencia alguna de que se esté utilizando dinero a cambio del voto.
El tema de las tarjetas es controvertido, porque implica el anuncio de beneficios futuros a cambio del voto, pero de eso se tratan las campañas. Muchos candidatos las están utilizando en estos momentos y de todos los partidos.
Es un tema, además, de libertad de expresión, como también concluyó el TEPJF, porque los candidatos tienen derecho de exponer sus ideas y hacer propuestas y del lado de la ciudadanía porque se está ejerciendo el derecho a ser informado para lograr un voto razonado.
Esto lo saben en la FGR y sobre todo en la FEPADE, pero se metieron en el embrollo porque así se los ordenaron desde Palacio Nacional en una franca intromisión en el proceso electoral. Por eso están buscado activar la ruta penal, donde controlan parte de la situación, y en el fondo lo que pretenden es ganar tiempo.
No tienen pruebas de reparto de recursos, lo que sí sería ilegal, pero no les importa. El propósito evidente es inhabilitar a quien pueda hacerle sombra a la muy disminuida Clara Luz Flores.
Hace bien De la Garza en denunciar su caso en la OEA, aunque sabemos que tiene poca oportunidad de que ello signifique una diferencia a semanas de la contienda.
Imprimir artículo
