| 

Sustentabilidad

Se multiplican los argumentos contra la línea 7 del metrobus; negocio publicitario, daños ambientales y más

Ciudad de México.- Lo que al inicio parecía una común protesta vecinal hacia todo aquello que suene a proyecto de gobierno, ha devenido en una organizada oposición desde distintos flancos y con diferentes argumentos en contra de la que pretende ser una de las obras insignia de la administración de Miguel Ángel Mancera, la línea 7 del Metrobús sobre la emblemática avenida Paseo de la Reforma.

El proyecto se ha politizado y lo que hoy suena a necedad de las autoridades locales, de continuar con los trabajos a pesar de que un juez ordenó detenerlos, ha logrado cohesionar a vecinos y empresarios asentados a todo lo largo de esa vialidad. El jefe de Gobierno ha logrado la unidad ciudadana, pero en su contra.

Alimentada por la falta de información adecuada, la confusión y segmentación de los datos existentes, además de una evidente falta de conciliación y oficio político para atemperar los escenarios de rechazo que pudieran venir, la obra ha generado toda suerte de críticas y señalamientos, desde aquellos que acusan la privatización del espacio público, hasta los que fustigan el impacto negativo en materia ambiental, arquitectónica, histórica y patrimonial. A ello se ha sumado la denuncia de que el proyecto carece de los permisos federales suficientes.

El escenario de especulación lo atiza la resolución del Juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa, Fernando Silva, quien decretó la suspensión definitiva de las obras en tanto se resuelve de fondo el juicio de amparo promovido por la Asociación Mexicana de Derecho Ambiental, que solicitó la protección federal.

Frente a las acusaciones, sobre todo aquellas que señalan la falta de permisos federales, las autoridades capitalinas se movilizaron para celebrar una reunión de urgencia con funcionarios del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), y a partir de ese encuentro deja en claro que el gobierno de la Ciudad sí contó con el permiso de ese organismo para colocar el concreto hidráulico sobre lo que será el carril exclusivo del Metrobús.

Derivado de esa reunión, ambas partes aclararon que el INAH mantendrá una colaboración estrecha con el gobierno de Miguel Ángel Mancera y en virtud de ello otorgará los permisos que en su momento requiera la obra.

Guardias nocturnas y apoyos

En la zona norte del proyecto, sobre la Calzada de los Misterios, los vecinos se han organizado en guardias, sobre todo nocturnas, para evitar la tala de árboles.

Maricarmen Amezquita, vecina de Calzada de los Misterios, acusa que las acciones de mitigación anunciadas por el gobierno de la Ciudad para el derribo de por lo menos 300 árboles en esa zona, no resulta suficiente para aminorar el daño ambiental.

De entrada acusa que los colonos no cuentan con información precisa del proyecto, porque las autoridades capitalina les han negado esos datos.

“No nos informaron nada, llegaron a talar, con moto sierras y cuadrillas inmensas. Que digan que van a plantar tres árboles por uno que derriben no es verdad. Dicen que se van a plantar 900 árboles, pero no es cierto, porque no hay espacio.

Un especialista nos dijo que por un árbol talado se requieren 150 para reponer cantidad de oxigeno que produce. Los árboles que desaparecerían tienen 40 años de edad”, acusa.

Amezquita lamenta las declaraciones del jefe de Gobierno, que insiste en realizar la obra a pesar del amparo interpuesto, pero sobre todo recuerda lo que para ella es la desafortunada declaración del mandatario cuando dejo entrever que los movimientos vecinales estaban politizados.

“El jefe de gobierno hzo una declaración muy desafortunada, en donde llama a los vecinos itinerantes, descalifica la molestia la ciudadana, diciendo que pertenecemos a grupos políticos, y que porque están los vecinos del deprimido de Mixcoac no hay fundamento en nuestra queja.

Aquí están vecinos de Alvaro Obregón, del deprimido de Mixcoac, del Velódromo, del corredor Chapultepec. Hay preocupación generalizada por la venta y privatización del espacio público. Ese es el modelo a seguir, cuando hay otras propuestas de movilidad que deberían considerarse”, dice la vecina.

Luego destaca que el proyecto del Metrobús en Paseo de la Reforma está aglutinando a los vecinos de distintas zonas de la Ciudad en contra, pero no sin razón. El rechazo, dice, es a un modelo de movilidad que no está funcionado y que está enfocado a entregar a privados la avenida más importante de la Ciudad.

Atrás de todo, asegura, hay un contrato publicitario jugosísimo.

El negocio de la publicidad

Con información a cuenta gotas y al insistir en la opacidad del proyecto, Gustavo García, habitante de Las Granadas o de Nuevo Polanco, refiere que a inicios de este año el gobierno de la Ciudad autorizó un Permiso Administrativo Temporal Revocable (PATR) para concesionar el espacio público a cambio de una contraprestación.

El PATR considera la habilitación de 898 espacios publicitarios tipo marquesinas, algunas con anuncios luminosos, por los cuales la empresa Medios de Publicidad S.A de C.V., filial de la compañía francesa JCDecaux, pagará al gobierno capitalino una contraprestación de 1,073 pesos mensuales por el uso y explotación de esos espacios públicos.

Del negocio publicitario no se ha hablado mucho. Apenas el miércoles pasado, luego de presentar un punto de acuerdo para pedir un informe pormenorizado al gobierno capitalino sobre la Línea 7 del Metrobús, el legislador de Morena, Alfonso Suárez del Real Real detalló que el director General del Metrobús, Guillermo Calderón concedió el PATR a JCDecaux por un período de 10 años, sin embargo, la firma que brindaba más beneficio era 5M2 Andenes SAI. de CV, que le ofreció al Gobierno 12 millones 500 mil pesos al año por concepto de pago por uso de espacios publicitarios, Wi-Fi para los usuarios y la cesión del 10% de los espacios al gobierno capitalino. La empresa ganadora, es decir, la firma francesa, únicamente ofreció 11 millones 570 mil pesos al año.

La falta de información, motivo de amparo

El vecino Gustavo García dice que la falta de transparencia en torno a la asignación de dicho permiso, impide conocer cómo se calculó la contraprestación y la asignación de los 898 espacios publicitarios entregados en bandeja de plata a esa firma internacional.

“El objetivo no era hacer una línea fluida y práctica, era hacer una línea visiblemente atractiva, para hacer el negocio publicitario todavía mas atractivo”, acusa este vecino de Las Granadas, quien agrega que distintas instancias del gobierno de la Ciudad como la Secretaría de Obras y Servicios, han decidido clasificar como reserva y confidencial con base en la Ley de Transparencia la información que ellos han solicitado en torno al proyecto, como es el caso del PATR.

“La Secretaría de Obras nos dice que está clasificada la información y eso por si mismo es una violación de derechos humanos a la participación, a la consulta, a la información de un proyecto de esta envergadura. Si la autoridad no informa, no atiende los requerimientos vecinales, no nos quedará otra alternativa más que proceder con el juicio de amparo a través de un juez federal, para que se respeten los derechos humanos y se respete el patrimonio cultural e histórico de Paseo de la Reforma”, agrega García.

Anuncia también que los integrantes de comités vecinales en la zona de Polanco están evaluando pedirle al Instituto Electoral de la Ciudad una consulta pública d6el proyecto, para refrendar esa omisión, y en su momento argumentar ante un juez que las obras se deben detener en tanto la autoridad electoral no resuelve sobre esta consulta.

Etiquetas Noticias

COMENTARIOS

MÁS NOTICIAS