Ciudad de México.- Para evitar seguir en desacato constitucional, Morena en el Congreso de la CIudad de México pretende aplicar mañana su mayoría y modificar ocho artículos transitorios de la Carta Magna local.
El dictamen, que se someterá a consideración de las Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia y de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, propone reformar también dos transitorios de la Ley Orgánica del Poder Judicial y uno de la Ley de la Sala Constitucional del Poder Judicial de la Federación.
Las implicaciones de estas reformas son graves porque pretenden ampliar los plazos señalados para la aprobación de diversas leyes.
Además pospondrían la entrada en vigor de reformas al Poder Judicial, con lo cual no se lograría la separación del Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura y la forma de nombramiento de los jueces y magistrados seguiría como hasta ahora. Lo cual se ha señalado como un proceso viciado.
En el dictamen consultado por Capital CDMX se plantea ampliar el plazo para el nombramiento de funcionarios y magistrados.
También se pretende extender el plazo para la entrada en operación de diversas instituciones de gobierno de creación constitucional.
Asimismo, se estaría ampliando el plazo para la aprobación de diversos instrumentos de planeación de la CdMx.
De avanzar este dictamen, que requiere de dos terceras partes en el pleno, se va a echar abajo la tarea realizada en cuatro meses por la Asamblea Constituyente.
En materia de derechos humanos se busca tener hasta el 5 de diciembre es para la aprobación de la Ley para la organización, funcionamiento y atribuciones de la Comisión de Derechos Humanos. Su plazo fatal era el próximo 30 de abril de 2019
Para la misma fecha se manda la obligación de aprobar la Ley para regular el Sistema Integral de Derechos Humanos, que tenía el mismo plazo fatal.
La entrada en funcionamiento de juzgados de tutela de Derechos Humanos en cada alcaldía debiera ser el 1 de enero de 2020, pero se mandarán al 31 de julio del año entrante.
En materia de educación, los legisladores quieren extender hasta el 17 de septiembre el plazo para expedir la Ley de Educación. Su plazo fatal es el próximo 12 de marzo de 2019.
En el caso de Pueblos y Barrios Originarios, los congresistas buscan tener hasta el 15 de diciembre de este año para aprobar la Legislación reglamentaria de artículos 57, 58 y 59 de la Constitución. Su plazo venció el 5 de febrero pasado por lo que ya se encuentran en desacato.
El Congreso de la CdMx busca que el 5 de septiembre próximo se el plazo para la entrada en vigor de Ley de Planeación que debería estar lista el 30 de abril de 2019.
Para la Instalación del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México se busca ampliar el plazo al 5 de diciembre de este año. Su plazo fatal es el 1 de julio próximo.
También habrá una afectación al desarrollo urbano de la CdMx debido a que Morena pretende que las facultades del Instituto, contemplado en la Constitución, deben ser desarrolladas en la Ley de Planeación y se darían de plazo hasta el 1 de enero de 2021.
El Instituto es el que elabora el Plan General de Desarrollo de la Ciudad, del que dependen los programas de gobierno de la ciudad y las alcaldías, así como el Programa General de Ordenamiento Territorial, los de las alcaldías y los programas parciales de las colonias.
El plazo para tener listo el Instituto es el 1 de abril de 2020, según lo aprobado por la Asamblea Constituyente.
Morena también quiere que la entrada en vigor de los programas de gobierno de las alcaldías sea el 1 de enero de 2021, cuando debiera ser el 1 de abril de 2020.
El dictamen afectará a su vez a las alcaldías porque sus entrarían en vigor apenas nueve meses antes de la conclusión de la administración de los gobiernos actuales.
En el caso de la entrada en vigor del Programa General de Ordenamiento Territorial y de los programas de ordenamiento territorial de las demarcaciones, Morena busca ampliar el plazo al 1 de octubre de 2021, el cual vence originalmente el 1 de enero de 2021.
Retraso en justicia
La CdMx vivirá un retraso en materia de justicia ya que el plazo para la designación de integrantes del Consejo Judicial Ciudadano se quiere ampliar al 5 de septiembre próximo. En esta materia el actual Congreso de la CdMx ya está en desacato porque debió aprobarse el 31 de octubre pasado.
El Consejo Judicial Ciudadano tiene como funciones designar al Consejo de la Judicatura y proponer la terna para la persona titular de la Fiscalía General de Justicia, que actualmente está en manos de Ernestina Godoy.
También tiene la facultad de proponer ternas para elegir a fiscales especializados electorales y de combate a la corrupción.
En el caso de la designación de los integrantes del Consejo de la Judicatura, se va ampliar el plazo al 15 de diciembre de este año, cuando debiera ser el 15 de junio próximo.
El dictamen también propone que
el Consejo inicie funciones hasta el 13 de enero de 2020.
Ello implica que el Presidente del Tribunal Superior de Justicia siga siendo a la vez Presidente del Consejo de la Judicatura, lo cual contraviene a la Constitución, hasta que inicie el nuevo Consejo de la Judicatura
Asimismo se abre la puerta para que los nombramientos de jueces y magistrados se sigan haciendo de forma discrecional como se hacían antes de la entrada en vigor de la Constitución.
Morena prevé también mandar hasta el 1 de siembre de este año la designación de los integrantes de la Sala Constitucional, los cuales deberían entrar en funciones desde el pasado 31 de enero.
Atraso en Fiscalía de Justicia
El dictamen establece que la entrada en vigor de la Ley de la Fiscalía General de Justicia será hasta el 5 de diciembre próximo.
En este apartado, el Congreso también ya se encuentra en desacato porque debió aprobarse el 5 de diciembre de 2018.
Con ello se da más vida a Godoy en el cargo, ya que la designación de la persona titular de la Fiscalía que debe estar lista el próximo 30 de abril se manda hasta el 15 de diciembre de este año.
Finalmente, el comienzo de operaciones de la Fiscalía General de Justicia ya no sería el 31 de mayo próximo sino hasta el 10 de enero de 2020.
Los organismos autónomos también se verán afectados porque la expedición de leyes o modificación a ordenamientos que los rigen podrán ser hasta el
5 de diciembre de este año y no el 30 de abril próximo como lo prever la Constitución de la CdMx.
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