Ciudad de México.- La administración de Enrique Peña Nieto aceptó incrementar la militarización de su frontera sur para cerrar el paso a los migrantes centroamericanos y así poder salvar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y su relación con Estados Unidos.
El Grupo de Crisis sobre América Latina publicó este miércoles un informe, en el que analizó las consecuencias de la llegada al poder de Donald Trump sobre las políticas migratorias de México y en el que se desprende, “los migrantes, refugiados y residentes autóctonos de la frontera sur de México resultan las principales víctimas de las turbulencias en la relación bilateral”.
Agrega que México buscó sacar la espina de la administración de Trump al cumplir con los reclamos del país vecino respecto a la seguridad, la migración y el desarrollo económico en su frontera sur.
En abril pasado, el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, y el gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello, anunciaron el posible despliegue de agentes de la Gendarmería Nacional en la entidad para controlar los flujos migratorios -entre otros-, apenas unos días después que Trump enviara soldados de la Guardia Nacional en la frontera con México.
Y es que, según el Grupo, en su frontera sur “México actúa en los hechos como brazo operativo de control migratorio para Estados Unidos”, sobre todo desde la puesta en marcha del Plan Frontera Sur, que fue diseñado por la Secretaría de Marina y lanzado por el presidente Enrique Peña Nieto en verano de 2014.
A raíz de la implementación del plan, el Instituto Nacional de Migración (INM) deportó a más migrantes centroamericanos que las autoridades estadunidenses. A la par, se multiplicaron los señalamientos de violaciones a los derechos humanos y otros abusos contra los migrantes: según Médicos Sin Fronteras, dos de cada tres migrantes en tránsito por el país sufren violencia.
Desde que se instaló en la Casa Blanca, Trump no dejó de vituperar contra México y atacar a su gobierno: amenazó con construir el muro fronterizo, realizar deportaciones masivas y terminar el TLCAN, y desplegó el ejército en la frontera con México.
En respuesta, la administración de Peña Nieto optó por mantener abiertos sus canales de comunicación con Washington, con el objetivo de preservar la “estabilidad macroeconómica”, con magros resultados pero un “costo a la imagen de importantes personajes políticos”, planteó el informe.
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