Ciudad de México.- Revertir la apertura en el sector eléctrico tiene consecuencias altamente negativas para los costos de generación eléctrica, el medio ambiente, la transición energética, las finanzas públicas, el clima de inversión y tratados internacionales, así como para la propia CFE. Cerrar la puerta a la energía eléctrica del sector privado afecta la competitividad del país, afirmó el Instituto Mexicano de la Competitividad.
Agregó cuáles serían las implicaciones legales y regulatorias:
- Mayores costos de generación. Adquirir energía eléctrica de privados con costos significativamente menores a los de la CFE genera ahorros a la empresa. En 2020, el costo promedio de generación eléctrica de las energías renovables a partir de las subastas de largo plazo fue de 401 pesos por megawatt-hora, comparado con 1,413 pesos por parte de las centrales de la CFE.
- Presión a las finanzas públicas. El subsidio a las tarifas de suministro básico en 2021 será de 70 mil millones de pesos.
La reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, si es que se implementa, tendrá un efecto negativo en las finanzas públicas mayor al de 2021 por el aumento en los costos de generación. El efecto para la salud financiera de la CFE y para las finanzas públicas federales depende de si los incrementos en los costos de generación son financiados por los usuarios domésticos, empresas, o la Hacienda Pública en caso de que se decida no incrementar las facturas eléctricas de los consumidores.
- Daño al medio ambiente. En el Acuerdo de París, México se comprometió a generar el 35% de su electricidad a partir de fuentes limpias para 2024. Las medidas para beneficiar las plantas de combustibles fósiles de la CFE hacen a este objetivo inalcanzable.
- Afecta el clima de inversión y tratados internacionales. Beneficiar solo a la empresa productiva del Estado, afecta los escenarios posibles, además de que el crecimiento económico y el clima de inversión se verán negativamente afectados.
Los inversionistas privados potencialmente recurrirán a los mecanismos de protección de inversiones y arbitrajes contemplados en los tratados comerciales suscritos por México con el consiguiente efecto negativo para las finanzas públicas futuras y para los mexicanos en general.
Las acciones del Gobierno federal pretenden la eliminación de las condiciones de competencia para favorecer a la CFE, sin embargo, esto no necesariamente la fortalece financieramente. Por el contrario, en un ambiente competido sería imposible ignorar las ineficiencias de la CFE.
Finalmente, el IMCO refirió que México necesita de un mercado eléctrico competitivo que beneficie al país y a los ciudadanos.
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