Ciudad de México.- El Centro de Estudios para la Igualdad de Género (CELIG) de la Cámara de Diputados publicó un estudio en el que señala que de enero de 2015 a enero de 2021 el delito de feminicidio se incrementó 128.47 por ciento.
Detalla que en 2015 se cometieron 411 feminicidios; 605 en 2016; 742 en 2017; 893 en 2018; 943 en 2019; 939 en 2020, y en enero de 2021, fueron 67. En total, 4 mil 600 en seis años.
Esto describe el grado de terror que viven las mujeres en nuestro país y la falta de voluntad de los gobiernos municipales, estatales y federal para atender el problema.
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Si a eso le sumamos que la llamada Cuarta Transformación minimiza las agresiones y acusaciones de violación, entonces concluimos que las mujeres están indefensas ante los violentos.
Parece que los hombres que detentan poder político tienen un manto protector desde Palacio Nacional y la Secretaría de Gobernación, encabezada por una mujer que en su paso como ministra de la SCJN se caracterizó por defender sus causas, pero que ahora calla para no hacer enojar a su jefe, el Presidente de la República.
El silencio del ala feminista de la izquierda, que antes exigía, demandaba y señalaba con dedo inquisidor a los gobiernos, ahora se distancia de los movimientos que exigen justicia.
Un silencio cómplice que tiene por objeto no molestar al inquilino de Palacio Nacional.
En los mismos seis años, de acuerdo con el CELIG, hubo 15 mil 122 homicidios dolosos de mujeres. Un incremento de 60.86 por ciento.
Pero ahí no de para la cosa. En el mismo lapso se incrementaron 72.68 por ciento los delitos de violencia familiar. Se cometieron un millón 76 mil 672.
Normalizar la violencia o dejarla de combatir en aras de diferenciarse de otros gobiernos, no es una estrategia correcta.
El gobierno tiene la obligación de combatir todos los delitos, pero sobre todo los que afectan a las mujeres.
Por eso, es urgente que desde la Presidencia de la República se deje de apoyar a candidatos denunciados por violencia sexual, física, psicológica y verbal.
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