Ciudad de México.- En el mundo ocurre un ataque informático cada 39 segundos. Además, por la pandemia de Covid-19 este tipo de embates aumentaron 600 por ciento en contra de instituciones sanitarias, lo que puede generar nuevos delitos, según la Organización de las Naciones Unidas.
En el foro “Ciberdelitos y Ciberseguridad en México”, especialistas, funcionarios y activistas urgieron a generar un marco jurídico apropiado que permita hacer frente a los ilícitos digitales, los cuales aumentaron durante el confinamiento ocasionado por la pandemia.
Adolfo Arreola, especialista en ciberseguridad y académico de la UNAM, indicó que sólo 12 países cuentan con estrategias nacionales de ciberseguridad. Señaló que México está ubicado en el segundo lugar como la nación que recibe más ciberataques.
Consideró que es indispensable impulsar la ciberseguridad estratégica, a efecto de atender de manera precisa y preventiva los riesgos y amenazas que surgen en una sociedad interconectada, con estricto apego a derecho y de manera integral, multifactorial y multidisciplinaria.
Opinó que es recomendable una ley que atienda la ciberseguridad y no la seguridad de la información, pues ésta última se enfocara únicamente en los datos contenidos en algún dispositivo. En cambio, precisó, la ciberseguridad abarca más aspectos en todo el ciberespacio.
Al respecto, la senadora Lucía Trasviña Waldenrath refirió que lamentablemente durante la cuarentena se incrementó el mal uso de las tecnologías de la información y de la comunicación, por lo que este foro servirá para hacer conciencia sobre esta problemática e impulsar la iniciativa de ley de ciberseguridad que presentó hace un año.
Mario de la Cruz Sarabia, presidente del Comité de Innovación y TIC de American Chamber México, señaló que se requiere una ley específica en materia de ciberseguridad que contemple un catálogo de ciberdelitos y que haya flexibilidad de las leyes ante el avance de la tecnología.
La ley es necesaria porque el cibercrimen en México genera pérdidas a la industria y a los consumidores entre 3 mil y 5 mil millones de dólares anuales, lo que afecta el comercio electrónico y además merma la confianza de la población en los sistemas digitales.
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