Ciudad de México.-La diputada e integrante de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda, Gabriela Salido Magos, propuso reformas al Código Penal vigente para aumentar de 4 a 7 años de prisión a los dueños de predios que alteren sellos de obra en construcciones de impacto y en proceso.
Salido Magos plantea una iniciativa de ley, en la que también se establece una pena de mil a dos mil 500 días de multa tratándose de giros mercantiles catalogados de impacto vecinal.
“Aún con sellos puestos continúan obras o los establecimientos mercantiles siguen en funcionamiento y en respuesta a esta inquietud, es que se plantea la modificación de estas tres leyes”.
Se trata de una respuesta a múltiples denuncias vecinales por una constante práctica de empresas desarrolladoras que han quebrantado sellos de suspensión por algún tipo de anomalía que va desde inconsistencias en el permiso hasta la manifestación de obra.
El documento señala que se reforman los artículos 286 y 286 bis del Código Penal y 89 y 96 de la Ley de Desarrollo Urbano y el diverso 71 de la Ley de Establecimientos Mercantiles, por ejemplo, tratándose de la primera vez que se desarrolla esta conducta delictiva, la suspensión de obra se incrementará en un plazo de 30 días naturales; para el caso de reincidencia se iniciará el proceso de revocación, ya sea de la manifestación de obra o declaración de apertura o licencia de funcionamiento al ser establecimientos mercantiles.
“Actualmente el Código prevé que al titular o propietario de una casa habitación en construcción que quebrante los sellos de clausura, se le aplique pena de seis meses a dos años de prisión y de 50 a 150 días multa; se propone aumentar la pena de dos a cinco años de prisión”.
Gabriela Salido informó que de septiembre de 2017 a junio de 2018, el INVEA y las entonces delegaciones ejecutaron 9 mil 337 visitas de verificación y 39 mil 340 diligencias complementarias. Adicionalmente estimó que el 30 por ciento de estas son a causa de sellos violatorios sin que existan consecuencias para quienes infringen el orden jurídico, el cuidado del medio ambiente y la mitigación de riesgos para la población.
Respaldada por la Asociación de Colonos de Bosques de las Lomas, la legisladora del GPPAN consideró importante el contenido de esta reforma, ya que pretende dotar de efectividad a la normatividad en aras de combatir la impunidad que, dijo, predomina en esta materia.
Por su parte, Javier Girault, Presidente de la Asociación de Colonos de Bosques de las Lomas, acusó que hay desarrolladores que aprovechan lagunas jurídicas para construir primero y “luego pedir perdón”.
“Muchas obras tenían y tienen sellos mismos que han sido violados y siguen construyendo. Hemos participado junto con autoridades revisando físicamente estas construcciones y se escucha gente trabajando dentro de ellos”.
Pía Testelli, directora de esta Asociación, señaló que esta iniciativa tiene como finalidad el respeto a las leyes urbanas y evitar que se infrinja el marco legal.
“Sucede que a quienes se llevan presos son a los trabajadores de la construcción y les levantan antecedentes penales que no es justo, porque ellos sólo están trabajando y siguen ordénenos, que realmente los responsables asuman esa responsabilidades, cumplan las leyes y reglamentos de uso de suelo y permisos que otorga la Ciudad”.
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