Ciudad de México.- Los tiempos no dan y eso es evidente, sobre todo cuando predominan una abundante carga de trabajo, pero también los enredos y los debates sin sentido.
Por eso comienzan a surgir las voces de algunos diputados constituyentes, quienes plantean que es necesario más tiempo para que las ocho comisiones legislativas aprueben los dictámenes del futuro decreto de Constitución local.
Una de esas voces fue nada más y nada menos que la de Clara Jusidman, designada por el Jefe de Gobierno, quien anunció que la bancada de los legisladores Constitucionalista, la misma en la que se encuentran los diputados designados por el mandatario local, pedirá al resto de los partidos políticos respaldar una propuesta para ampliar por una semana el plazo para discutir en comisiones y entregar los respectivos dictámenes al Pleno de la Asamblea Constituyente.
De acuerdo con el reglamento interior de ese órgano legislativo, el 30 de noviembre todas las comisiones deben entregar a la Mesa Directiva esos dictámenes, para que el Pleno pueda empezar a deliberar, uno a uno, sobre los artículos del proyecto de Constitución local.
Para la diputada Jusidman es necesario hacer un análisis sin prisas del proyecto de Constitución. Recordó que en la Comisión Carta de Derechos se tienen que analizar y sistematizar 244 iniciativas de diputados de todos los partidos y más de 500 propuestas ciudadanas.
Pero con todo y la carga de trabajo, en esa Comisión se enredaron hoy por casi dos horas en debatir la forma en la que debatirán. Sí, así fue.
Marcela Lagarde, presidenta de esa Comisión, junto con su equipo técnico, presentaron una propuesta para que desde hoy y durante toda la semana, los diputados de ese grupo de trabajo discutan uno a uno los 12 artículos que les toca analizar de la iniciativa del Jefe de Gobierno, con la idea de tener un predictamen el próximo domingo y entonces comenzar el proceso de votación de ese documento.
El problema fue que legisladoras de Morena, como Margarita Valdés González Salas y Gabriela Rodríguez, no comprendían esos procedimientos ni que se trataban de momentos distintos, el de discutir artículos y el de votar el dictamen. La discusión se alargó, y el entuerto fue mayor cuando se enteraron que el personal técnico de la Comisión no ha terminado de procesar las más de 500 propuestas presentadas por los ciudadanos y que sólo han logrado sistematizar las iniciativas de los legisladores.
En ese enredo estaban cuando Clara Jusidman anunció que la bancada Constitucionalista pedirá a los órganos de Gobierno de la Asamblea Constituyente, como la Conferencia de Armonización y la Mesa de Consulta, que extienda por una semana el plazo para la entrega de dictámenes, lo que requerirá de una reforma al reglamento de ese órgano legislativo.
En entrevista, Jusidman detalló que los presidentes de distintas comisiones han planteado la necesidad de ampliar ese plazo, sobre todo porque hay algunas como la de Desarrollo Sostenible donde no han concluido sus procesos de consultas públicas y tienen pendiente recibir a más de 40 ciudadanos que en su momento presentaron propuestas respecto al proyecto de Constitución.
Hoy, después de que Clara Jusidman hizo este anuncio, se dio a conocer que la coordinadora de los constituyentes del PRD, Dolores Padierna, pedirá la ampliación de ese plazo pero sólo para las comisiones que registran el mayor retraso en la elaboración de su dictamen. La propuesta de la perredista es que las comisiones que puedan entregar el documento el 30 de noviembre no se beneficien de un periodo adicional.
El derecho a la vida
Cuando faltan nueve días para que se venza ese plazo del 30 de noviembre, la Comisión Carta de Derechos logró iniciar la discusión del primero de los artículos que le toca analizar. Se trata del artículo 8, relacionado sobre la dignidad humana.
El artículo señala que la dignidad humana es inviolable, que todas las personas nacen libres e iguales en derechos y su protección es el fundamento de la Constitución local, por lo que toda actividad pública y privada debe estar guiada por el respeto y garantía de los derechos humanos.
El Partido Encuentro Social (PES) presentó una propuesta para establecer que el derecho a la vida se debe asegurar desde la fecundación, lo que en los hechos generaría una regresión de derechos como la interrupción legal del embarazo y la eventual penalización de esa práctica.
Aida Arregui, diputada del PES, se encargó de defender esa propuesta, en la cual se plantea que se debe garantizar la vida desde la fecundación y hasta el término de la misma en su ciclo natural.
De inmediato tomó la palabra Olga Sánchez Cordero, ministra en retiro y diputada constituyente designada por el Jefe de gobierno, quien destacó que la Ciudad de México se ha distinguido por ser una urbe de libertades, de avanzad y que ha modificado leyes como un parteaguas en la historia del país, por lo que la iniciativa del PES impactaría leyes secundarias hoy vigentes, así como la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que declaró constitucional la interrupción del embarazo hasta la doceava semana de gestación.
Sobre el segundo término de la propuesta del PES, que habla de garantizar el derecho a la vida hasta la muerte natural, Sánchez Cordero dijo estar en contra por contravenir la Ley General de Salud, sobre todo en lo relacionado con la donación de órganos.
“Como ustedes saben, los donantes deben tener muerte cerebral y esta debe quedar certificada por dos médicos, por lo que la propuesta señalada atentaría contra la donación de órganos tan necesaria en nuestro país, pues no es hasta la muerte natural y por lo tanto contravendría la Ley de Salud”, dijo la ministra.
La propuesta fue rechazada por abrumadora mayoría, de 12 contra una de los legisladores presentes. Desecharon la iniciativa los diputados del PRD, Morena, PRI, así como los designados por el Ejecutivo federal y del Jefe de Gobierno. El PAN, que tiene como bandera defender la vida desde la fecundación, no votó junto con el PES, pues la legisladora Cecilia Romero se retiró antes de que el tema se pusiera siquiera a discusión.
Fuero a servidores públicos.
En la Comisión de Buen de Gobierno, los diputados entraron a discusión del artículo 72, relacionado con el fuero. El primer párrafo de dicho artículo establece que los servidores públicos de esta Ciudad son responsables por los delitos que cometan durante el tiempo de su encargo y que ninguno gozará de fuero o inmunidad.
Sin embargo, en el párrafo siguiente se señala que los titulares de la Jefatura de Gobierno, diputados locales, magistrados, secretarios del gabinete, el Fiscal General, así los futuros alcaldes no podrán ser privadas de su libertad durante el periodo de su encargo y que los procesos penales en su contra se llevarán a cabo sin que proceda prisión preventiva. Sólo hasta que se dicte sentencia condenatoria, se solicitará inmediatamente al Congreso la separación del cargo de la persona servidora pública.
Lo que parece una contradicción entre ambos párrafos lo es, pues mientras el primero señala que ningún servidor público tendrá fuero, el segundo define que en la práctica sí lo habrá.
Del tema habló Porfirio Muñoz Ledo, el constituyente que en su momento integró el grupo redactor del proyecto de Constitución del Jefe de Gobierno. En la Comisión de Buen Gobierno, pidió a los otros legisladores que, al momento de construir el dictamen, solventen la contradicción entre ambos párrafos.
Quien dio claridad sobre cómo su bancada votará este tema fue el ex gobernador de Guanajuato y constituyente del PAN, Juan Carlos Romero Hicks, quien dijo que estar en contra de la eliminación del fuero, pues dijo que a nivel federal ya están establecidos esos mecanismos.
“En momentos tan complicados como el actual, en el que tenemos al gobernador con licencia de Veracruz, hay quien opina que, aunque esté con licencia goza de fuero, por lo menos en materia federal. Me parece que en el fondo el clamor popular es que no haya impunidad y la pregunta es ¿cómo se puede resolver esta circunstancia? Si los que están aquí quieren hacer una expresión especial para la Ciudad de México sería solamente para delitos del orden común, pero no contra la Constitución Política del país ni contra los delitos del orden federal”, dijo el panista.
El PRI se sumó al PAN en su rechazo a la eliminación del fuero. Augusto Gómez Villanueva pidió analizar con prudencia el tema, pues recordó que al menos en dos casos de igual número de entidades federativas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró la inconstitucionalidad de la eliminación de esa figura.
Con todo y que el PAN y PRI sumaron fuerzas en este asunto, el presidente de la Comisión de Buen Gobierno, Armando Ríos Piter, decidió dejar en el predictamen la eliminación de fuero.
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