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Los capitalinos afectados por el sismo fueron víctimas de cuando menos seis tipos de delitos

Ciudad de México.- En la Ciudad de México las responsabilidades penales derivadas del sismo del 19 de septiembre se configuran en cuando menos seis tipos de ilícitos que deberán investigar y sancionar los agentes del Ministerio Público.

De acuerdo con el director de Igualdad y Diversidad Social de la Secretaría de Desarrollo Social del gobierno capitalino, Jesús Rodríguez Núñez, seis delitos sufrieron los capitalinos afectados por el pasado 19 septiembre; los más trágicos y evidentes fueron el homicidio y las lesiones.

No obstante y como resultado del sismo quedaron en evidencia delitos al patrimonio, particularmente el de fraude específico y el de daño a la propiedad. Uno de esos ilícitos, el de fraude específico, está considerado en el artículo 231 fracción V del Código Penal local, y se refiere a las conductas cometidas por constructoras que utilizaron materiales de baja calidad o que edificaron con base a técnicas inadecuadas.

En los delitos patrimoniales también se inscribe la conducta de promotores inmobiliarios, quienes realizan preventas de departamentos sin contar con el certificadode zonificación de uso de suelo.

"Se hacen las preventas de departamentos a fin de tener capital y seguir construyendo, en predios donde se permiten tres niveles, pero se edifican seis y sin tener el certificado. Eso es una conducta delictiva", expuso el funcionario al participar en la mesa de debate "Responsabilidad penal tras #19s", organizada por el Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe).

Rodríguez Núñez dijo que otro delito que quedó en evidencia luego del sismo es resultado de la violación a los artículos 107 y 110 de la Ley de Desarrollo Urbano, y se relaciona con anuncios autosoportados en las azoteas de edificios, lo cual está prohibido.

Dijo que la presencia de una torre para telefonía celular en la azotea pudo ser el motivo del colapso de un edificio en la calle de Chimalpopoca, en la colonia Doctores, donde murieron trabajadoras de la industria manufacturera, aunque esa presunción deberá resolverla la Procuraduría de Justicia de la Ciudad, aclaró.

Otro tipo penal que podría actualizarse, agregó el director de Igualdad y Diversidad Social, tiene que ver con la indebida actuación de los Directores Responsables de Obra (DRO's) o corresponsables de obra, quienes son sujetos de cárcel si autorizan o permiten una construcción sin apego a la licencia o normativa vigente relativa al desarrollo urbano, de acuerdo a lo establecido en el artículo 329 bis del Código Penal capitalino.

El sexto ilícito se relaciona con la alteración de documentos, sancionado en el artículo 339, 340 y 341 del Código Penal. "Se ha venido dando seguimiento a esa conducta por parte de la PAOT y la Procuraduría de Justicia, porque se detectó que muchos expedientes eran embarazados para la obtención de certificados de zonificación de uso de suelo por derechos adquiridos", explicó Ramírez Núñez.

Dijo que, por ejemplo, los operadores de un estacionamiento o cualquier tipo de establecimiento mercantil busca demostrar que tiene más de una década con la operación de su negocio y para ello aparece de pronto en el expediente una declaración fiscal con la que intenta demostrar que tenía varios años de funcionamiento, y demanda así la expedición de un certificado de zonificación por derechos adquiridos.

Durante la mesa de debate y luego de lo expuesto, el funcionario de la dependencia capitalina estimó que el Ministerio Público tiene un enorme reto por delante, para lograr demostrar que alguna de esas conductas delictivas se configuró y que tienen relación directa con el colapso de edificios o el daño de inmuebles.

Dijo que, por ejemplo, el agente del Ministerio Público deberá tomar en cuenta la prescripción de delitos para construcciones que por ejemplo son inmuebles viejos o casas precarias, como las que resultaron afectadas en Tláhuac y Xochimilco.

Un reto, agregó, será demostrar penalmente el nexo causal entre la mala calidad en la construcción y el colapso de un inmueble derivado del proceso constructivo, o si cargas agregadas por pisos adicionales o estructuras se pueden calificar como dolo.

Recordó que como parte del proceso inmobiliario en esta Ciudad, son unos quienes construyen, otros los que diseñan y unos más los que venden, pero una vez que concluyó el procedimiento de venta las personas morales desaparecen para evitar cualquier tipo de reclamación y responsabilidad.

En la mesa de debate organizada por el Inacipe también participó César Alejandro Guerrero, director general de Obras Públicas de la Secretaría de Obras local, quien aseguró que la mayoría de los edificios colapsados por el sismo se edificaron previo al Reglamento de Construcciones que se actualizó en 2004.

Además, detalló que un 60 por ciento de los inmuebles desplomados fueron estructuras que se edificaron bajo la técnica de piso blando, la cual es aquella en donde el edificio tiene una planta baja con columnas, sin paredes, en planta baja y que se utiliza para estacionamiento, mientras que los niveles superiores se ocupan para vivienda.

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