Ciudad de México.- La llegada de gobiernos populistas o su prolongación en el poder han causado estragos en las instituciones y han significado un retroceso en sociedades donde costó establecer un modelo de libertades.
El deterioro es más pronunciado en países como El Salvador y Nicaragua, donde sus mandatarios se han dedicado a debilitar la institucionalidad y a establecer regímenes personalistas y autoritarios.
Ahí el trabajo de los periodistas se torna muy complicado y peligroso, porque se convierte en uno de los pocos equilibrios contra el endurecimiento de los gobierno y del acaparamiento del poder presidencial.
Nicaragua es un caso triste. Daniel Ortega llegó al poder con los galones de comandante revolucionario y de combatiente decidido contra el régimen dictatorial de Anastasio Somoza.
El FSLN resultó un referente y una esperanza, hace décadas, es verdad, que esbozaba la posibilidad de que un movimiento guerrillero asumiera un programa democrático.
La ilusión no duró mucho. Hoy Ortega es un mandatario repudiado, que desmontó la democracia para constituir una dictadura familiar –su esposa es vicepresidenta–, de corte policiaco.
Fernando Bárcenas escribió en El Confidencial de Nicaragua, que “el orteguismo es la maduración natural de los vicios burocráticos del viejo sandinismo, como los achaques en la vejez producto de los excesos de la juventud.”
Pero Ortega, además de déspota, es bastante ineficaz y un ejemplo es la gestión del Covid-19. Mantuvo una política negacionista que costó vidas y que dañó a una economía que ya vivía en estado de alerta máxima.
Para los medios de comunicación la situación ha sido horrible. Persecuciones y acosos constantes para cualquier tipo de disidencia.
El presidente salvadoreño, Nagib Bukele, tiene una muy alta popularidad, pero la está utilizando para romper el equilibrio de poderes y para colocar como enemigo a cualquiera que lo critique. La labor de los periodistas, por ello, es muy complicada.
En febrero, irrumpió en la Asamblea Legislativa, acompañado de efectivos de la Policía Nacional y del Ejército, para presionar a los diputados para que aprobaran un préstamo.
Gabriela Santos lo describe, en Factum, uno de los medios salvadoreños más acuciosos:
“Cada incumplimiento de parte del ejecutivo viene con una justificación y una demagogia peligrosa, incendiaria, de constante división, de binomios, de choque.”
Cuando lo que se trata, añade Santos, es de “procurar el cumplimiento de mínimos para el ejercicio de nuestros propios derechos, sobre todo en una crisis como la que vivimos, en la que es evidente que no necesitamos autoridades estilo monárquicas o mesiánicas; necesitamos un líder y un equipo que de verdad cumpla y haga cumplir la Constitución.”
Los populistas se parecen. La búsqueda permanente de un enemigo, a la que se suma el desastre en las políticas públicas, algo que la crisis del Covid-19 ha venido a mostrar con mayor nitidez, aunque ya se fuera alimentado desde hace tiempo.
Es en esas coyunturas, en el reino de los autoritarismos tropicales, donde los periodistas se vuelven tan necesarios para la sociedad, como molestos para el poder.
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