Ciudad de México.- El fiscal del caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo, está más ocupado de descalificar la indagatoria integrada en el sexenio pasado que en dar con los responsables de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas.
Lo que anunciaron ayer es un ejemplo. Mandaron a analizar restos, encontrados en la Barranca de La Carnicería. Los estudios realizados en Austria, en la Universidad de Innsbruck, concluyeron que los fragmentos analizados corresponden a quien en vida llevó el nombre de Christian Alfonso Rodríguez.
Conviene destacar que la identificación, hasta ahora, de tres de los normalistas ha respondido a dos características: solo se encontraron fragmentos y en todos los casos quemados.
Al hacer su revelación afirmó que “la verdad histórica se acabó”. Pues no. Resulta que la PGR desde 2015 tenía constancia de los hechos ocurridos a 800 metros del basurero de Cocula, como oportunamente recordó el analista y experto en seguridad nacional, Carlos Matienzo.
Quizá el fiscal debería quejarse de la falta de oportunidad de quienes indagaron el asunto, pero no adornarse con cuestiones que se encuentran en el expediente y que debería conocer porque fungió como secretario ejecutivo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, quienes, por cierto, se dedicaron a sabotear cualquier posibilidad de esclarecer los hechos.
En efecto, en la barranca ya se habían encontrado restos óseos en septiembre de 2015, acompañados de cenizas, alambres y ramas de árbol con características de combustión, como determinaron peritos antropólogos forenses (Tomo 135, páginas 664-666).
La Barranca de La Carnicería está a 800 metros del basurero de Cocula. Esto es, se encuentra dentro de la zona donde el procurador Jesús Murillo Karam estableció en que ocurrieron aquellos macabros hechos.
Esto es, no los encontraron en otro estado, vamos, ni siquiera en un municipio distinto. ¿De verdad esto derrumba todo lo realizado? Más bien me inclino a pensar que lo confirma.
Dice el fiscal Gómez Trejo que “el hallazgo” es producto de indagatorias recientes y que se cuenta con más datos. Estaría bien, que aunado a ello, revise el expediente para ahorrar tiempo y no tratar de sorprender a los incautos.
Es evidente que la consigna es sepultar a la verdad histórica, pero esto se irá complicando si no encuentran pruebas que signifiquen un golpe de timón, lo que parece difícil a estas alturas y que se confirma con esta primera batería de anuncios.
Mientras en la fiscalía prevalezca un interés distinto al de encontrar la verdad y a estas alturas a los responsables que se pueda, porque ya muchos fueron liberados, poco se avanzará.
En el fondo, la verdad histórica continuará como el único resorte sólido para proseguir con la indagatoria sobre lo ocurrido en Iguala, aunque digan lo contrario.
Aunque el fiscal diga que “hemos roto el pacto de impunidad y de silencio que rodeaba el caso Ayotzinapa. Desde octubre de 2014 y hasta enero de 2015, cuando las autoridades de la ex PGR tomaban los micrófonos, anunciaban a las familias y a la sociedad que se cerraba el caso con la manipulación de la información.”
Por lo visto, se trata de los 800 metros más largos de la historia judicial mexicana.
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