Ciudad de México.-En un hecho sin precedentes, la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México (PAOT) logró el compromiso de una inmobiliaria para demoler los niveles excedentes construidos ilegalmente, mediante la firma de un convenio. Se trata del inmueble ubicado en Baja California 370, colonia Hipódromo.
Este caso estuvo envuelto en polémica y sospechas, luego de que en julio del año pasado Cristina Chavarría, integrante del comité ciudadano de la colonia Hipódromo Condesa, apareció muerta en su departamento. En vida, la vecina denunció la sistemática violación de la ley por parte de la empresa inmobiliaria que realizaba esa obra.
Hoy, mediante el convenio alcanzado, el particular se comprometió a desistirse del recurso de revisión con el que pretendía revertir la sentencia que le ordenó demoler los niveles que fueron construidos de manera ilegal.
Además, deberá presentar un programa calendarizado del proceso de demolición, en el cual se indiquen los plazos, días y horarios, así como las técnicas que se utilizarán durante la demolición.
Por su parte, la PAOT realizará las gestiones necesarias ante el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México (TJA), a fin de que se levante el estado de suspensión que persiste en el inmueble, a efecto de que la inmobiliaria pueda iniciar con los trabajos de demolición.
De igual forma, la Procuraduría realizará Reconocimientos de Hechos para constatar el avance de los trabajos de acuerdo con el calendario proporcionado por el particular, con el objetivo de que las acciones emprendidas se ajusten a lo convenido.
Luego de que PAOT presentara una denuncia penal ante la ahora Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México por las irregularidades en las que incurrió la obra, entre ellas exceder en 23 metros la altura permitida, el 26 de noviembre de 2019 el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJ) emitió sentencia condenatoria con pena de 8 meses de prisión y multa de 12 mil 531 pesos, así como con la suspensión para desempeñar la profesión de arquitecto por un periodo igual a la pena, al representante legal de la empresa constructora y propietaria del inmueble por su autoría en la comisión del delito de “Responsabilidad de Corresponsable de Obra”.
“Aunque se trata de un caso muy complejo que llegó hasta una sanción penal, las gestiones y las acciones de litigio estratégico emprendidas por PAOT lograron un caso de justicia restaurativa, es decir, un caso en el que los daños e irregularidades en materia urbana que se cometieron, volverán a su estado original o anterior al daño causado, ya que esa es la mejor forma de obtener resultados en beneficio del ordenamiento territorial de la ciudad y de protección de los derechos de sus habitantes”, afirmó la Procuradora Ambiental, Mariana Boy Tamborrell.
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