Ciudad de México.-El gobierno de Claudia Sheinbaum mantiene un juicio administrativo contra el Deutsche Bank para evitar el pago de una indemnización por 921.1 millones de pesos que exige ese banco desde la pasada administración, luego de cancelarse el proyecto conceptual del Corredor Chapultepec Zona Rosa.
Hoy, la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum y la secretaria de Finanzas, Luz Elena González, detallaron en conferencia el proceso que se sigue en el Tribunal de Justicia Administrativa sobre ese caso. La mandataria expuso que su administración litigará para no pagar un solo centavo y dijo que en todo caso se pagarán “los dos boletos del Metro, de ida y vuelta, por ir a dejar los papeles y regresar”, expuso con ironía la titular del Ejecutivo local.
Luz Elena González explicó que en julio de 2015 se otorgó la concesión a una entidad del gobierno que primero se denominó “Calidad de Vida” y después se convirtió en ProCDMX, cuyo titular fue Simón Levy. En esa concesión se otorgó el uso, aprovechamiento y explotación del Corredor Chapultepec, desde la Avenida Sonora hasta Florencia.
Esa concesión terminó en un fideicomiso privado, porque se utilizó la figura de coinversión, que es una de las formas de asociaciones público-privada consideradas en la ley para desarrollar ese proyecto.
Así, el fideicomiso privado recibió los derechos otorgados por ProCDMX para la explotación de este corredor. Dentro del fideicomiso que se creó en Deutsche Bank, la empresa Proyectos de Infraestructura Chapultepec, que pertenece al Grupo Invex, tenía que hacer la inversión para el desarrollo de todo el corredor.
Deutsche Bank es también el fiduciario del polémico Proyecto Mítikah en Coyoacán, donde la empresa Fibra Uno realiza un desarrollo inmobiliario que ya provocó la tala de 80 árboles en la calle Real de Mayorazgo del Pueblo de Xoco.
Sobre el corredor Chapultepec, en diciembre de 2015 y derivado de una creciente oposición vecinal, el Instituto Electoral capitalino realizó una consulta ciudadana donde se sometió a votación el proyecto. Ante el rechazo ciudadano expresado en esa consulta, el gobierno de Miguel Ángel Mancera canceló el proyecto conceptual.
En agosto de 2017, Deutsche Bank presentó a la entonces Oficialía Mayor una solicitud de indemnización por 921 millones 116 mil pesos, argumentando las utilidades que habrían ganado por el desarrollo del proyecto.
Durante el pasado gobierno la Oficialía Mayor tuvo dos requerimientos, pero nunca contestó y al no contestar el TJA resolvió a finales de 2018 que el objeto de la concesión fue cancelado por ese hecho.
Al darse una causal de extinción anticipada de la misma concesión, el Tribunal ordenó a la Secretaría de Finanzas del actual gobierno a cuantificar la indemnización a favor del fideicomiso, en función de los términos que vienen en la concesión.
“Esto es muy importante, porque en ese entonces la mayoría de las concesiones se hicieron contrarias al interés público, desde nuestra opinión. ¿Por qué? Porque tenían cláusulas leoninas que perjudicaban el interés público, específicamente donde viene el tema de la indemnización”, acusó la secretaria de Finanzas.
La jefa de Gobierno detalló que los funcionarios de la pasada administración responsables de que la concesión por 40 años terminara en un fideicomiso privado fueron Simón Levy; el oficial mayor, Jorge Silva, y Marlene Valle, directora de Patrimonio Inmobiliario. Sheinbaum detalló que será la Secretaría de la Contraloría la encargada de deslindar las responsabilidades administrativas sobre el actuar de esos ex servidores públicos.
En la concesión se señaló que el gobierno de la Ciudad tendría que pagar por la cancelación anticipada de la misma, es decir, lo que hubiera invertido la empresa hasta ese momento, más las utilidades futuras durante los 40 años que dura la concesión, aunque no se haya realizado nada.
“¡Ojo!, el proyecto conceptual fue cancelado, el proyecto conceptual, esto quiere decir que ni siquiera el proyecto ejecutivo estaba hecho; o sea, no invirtieron un peso dentro de la concesión, o sea, dentro del objeto de la concesión”, aclaró Luz Elena González.
La jefa de Gobierno reiteró que su gobierno no pagará esa millonaria indemnización. “Queremos decirle a los ciudadanos, ciudadanas, que no vamos a pagar ni un centavo, que si acaso el máximo valor por esto no asciende a más de 10 pesos, que lo vamos a pelear hasta las últimas consecuencias, que la concesión está cancelada; pero que el Gobierno en la defensa del patrimonio de los ciudadanos no va a pagar ni un centavo”, dijo.
Sheinbaum agregó que su administración tiene detectados otros casos similares, de concesiones del espacio público otorgados por la pasada administración en los que tampoco habrá pagos de indemnización.
Se trata sobre todo de concesiones otorgadas para la operación de centros de transferencia modal, en los que para algunos casos ya se llegó a acuerdos con los privados.
“Ya ha habido acuerdos con privados, por ejemplo, la concesión del Cetram Constitución de 1917; fue un acuerdo mutuo en donde el privado reconoció que no se iba a desarrollar el proyecto y no tuvo ningún problema en que se cancelará la concesión”, recordó la mandataria.
Otro caso similar es el del paradero de San Lázaro. Ahí ya hubo pláticas con los inversionistas de la línea de autotransportes ADO, quienes desecharon su interés en edificar ahí un centro comercial.
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