Ciudad de México.- La ley General de Aguas que sustituirá a la vigente Ley General de Aguas y que se discute en la Cámara de Diputados, plantea la concesión de caudales nacionales y trasvase, así como el permiso a la iniciativa privada para realizar descargas de líquidos residuales, pero asegurando el derecho humano al agua.
La plataforma de trabajo integrada por la Comisión de Agua Potable y Saneamiento para el análisis y diseño de la Ley General de Aguas de San Lázaro establece que la obtención de concesiones o asignación de esos permisos deberá incluir estudios en materia de impacto ambiental.
Por ello, la explotación de humedales y aguas nacionales deberá estar autorizada a través de una concesión para garantizar una gestión sustentable.
En cuanto a los grupos vulnerables, el gobierno federal, estatal y local tendrían obligación de asignar recursos públicos y subsidios a través de programas de política social.
No obstante, quienes tienen acceso al líquido vital, deberán como hasta el momento, pagar impuestos por el recurso.
De esta manera, será la Comisión Nacional de Agua (Conagua), la obligada, en el proceso de otorgamiento de concesiones, a garantizar el mantenimiento del caudal, y el cumplimiento del derecho humano al agua así como saneamiento.
Además, se le otorgará la facultad de reducir 10 por ciento el volumen originalmente concesionado, para destinarlo al mantenimiento del caudal ecológico.
El proyecto para elaborar la ley recomienda autorizar las concesiones, siempre y cuando se garantice el derecho humano al agua.
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