Ciudad de México.-La demolición de 18 niveles que se habían logrado construir de forma ilegal en una torre de oficinas dentro del área de la Presa Anzaldo costará 30 millones de pesos y ese monto lo deberá pagar a través de un crédito fiscal la empresa responsable de la obra, Banca Mifel, detallaron hoy autoridades capitalinas. Por esa misma vía, la institución bancaria deberá cubrir una multa por 61 millones de pesos derivado del daño ambiental que generó con su obra irregular y hacerse cargo de las labores de remediación.
En videoconferencia, la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum, junto con la titular de Medio Ambiente Marina Robles y el consejero jurídico Néstor Vargas, explicaron que la empresa no se hizo cargo de esa demolición que inició el viernes pasado con base en una orden judicial. Esos trabajos están hoy a cargo de la Secretaría de Obras de la CDMX, pero es la firma bancaria la que debe pagar por los mismos a través de esos créditos cuyo cobro correrá a cargo de la Procuraduría Fiscal.
Claudia Sheinbaum también dio a conocer la existencia de denuncias penales y juicios de lesividad contra ex funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y de la entonces delegación Álvaro Obregón, quienes durante el pasado sexenio permitieron y liberaron permisos para la edificación ilegal de esa torre, como fue la manifestación de construcción.
A esas denuncias se suman otras también de carácter penal que interpuso la Procuraduría Ambiental contra el director responsable de obra y contra quien resulte responsable, agregó durante esta conferencia la titular de la PAOT, Mariana Boy, quien recordó que desde 2014 esa institución inició una investigación y a lo largo del proceso logró el bloqueo de los folios reales en el Registro Público de la Propiedad, así como que la hoy alcaldía Alvaro Obregón dejara sin efectos la manifestación de construcción.
La jefa de gobierno reconoció que la empresa todavía tiene opciones judiciales a las cuales recurrir, pero confió en que los jueces le permitan a su gobierno seguir con el proceso de demolición de una torre que se levantó sobre el área correspondiente al vaso regulador de la presa.
Así, la mandataria estimó que la demolición tardará unos 60 días y una vez terminado ese proceso, la empresa deberá hacerse cargo también de los trabajos de remediación del terreno, ubicado en Periférico Sur 3042.
Marina Robles recordó que el desarrollador nunca demostró que tuviera uso de suelo que le permitiera hacer este tipo de obra; no se contaba con Dictamen de Impacto Urbano, Manifestación de Impacto Ambiental y había irregularidades en la manifestación de construcción; el proyecto contaba con negativa en materia ambiental y aún así construyó sin autorización e invadió la zona federal (el cuerpo de agua) .
Recordó que el 4 de julio de 2019 la Sedema emitió una resolución, a través de la cual se determinó la demolición del inmueble y la imposición de multas por un monto de 61 millones 441 mil 843.33 pesos, pero el representante legal de la desarrolladora promovió un juicio de nulidad en contra de dicha determinación ante el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. Se obtuvo de manera provisional la suspensión del acto, a fin de continuar con la construcción.
Por su parte, la PAOT presentó demanda de acción pública y una denuncia en contra de quien resulte responsable, así como del Director Responsable de Obra, Corresponsable, Constructor, Representante Legal y/o Propietario ante la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales y Protección Urbana. Se inició la carpeta de investigación CI-FEDAPUR/A/UI-3 C/D/00427/03-2018 y además se inició un juicio de lesividad, mediante el cual se determinó la suspensión para que no se continúen con los trabajos de construcción.
Luego del procedimiento ante el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, se desechó por extemporáneo el recurso de apelación presentado por los responsables de las obras. Dado que ya se cumplió con el tiempo legal establecido en el dictamen de daño ambiental, se acordó que las autoridades locales lleven a cabo la demolición.
La demolición de las obras del proyecto “Edificio de Oficinas Periférico 3042” se realizan como parte del dictamen de Daño Ambiental número SEDEMA/DGEIRA/DEIAR/002946/2019.
El edificio de oficinas contaba con 11 niveles bajo nivel de banqueta, con una superficie de construcción de 26,141.39 m2: 18 niveles sobre nivel de banqueta, con una superficie de construcción de 26,881.584 m2; tenía un 75% de avance, con respecto al proyecto completo (Superficie de construcción total: 53, 22.974 m2) y una inversión de 402 millones 51 mil 855 pesos.
En un boletín de prensa (el número 646/2020) emitido el pasado viernes 6 de noviembre a propósito del inicio de la demolición, el gobierno capitalino detalló que como parte del Dictamen de Daño Ambiental número SEDEMA/DGEIRA/DEIAR/002946/2019, la Dirección General de Evaluación de Impacto y Regulación Ambiental determinó que Banca Mifel S.A. deberá hacer la restauración del sitio, así como la demolición total de las obras e instalaciones asociadas al proyecto.
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