Ciudad de México.- Uno de los aspectos más inquietantes de la 4T es su capacidad destructiva.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, está decidido a desmontar las instituciones que dieron forma al proceso de transición a la democracia.
Desde los años noventa se avanzó en el diseño administrativo que dotara al Estado y a la sociedad de herramientas para enfrentar las urgencias coyunturales y los problemas estructurales que afectaban al país.
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La Comisión Nacional de Derechos Humanos, por ejemplo, surgió para atender problemas concretos de violación a los derechos humanos cometidos por las fuerzas de seguridad pero también para instrumentar políticas públicas que permitieran mejorar la relación de la ciudadanía con las autoridades desde el cumplimiento de la legalidad.
Son treinta años en ese empeño, cuyos resultados están inclusive inscritos en la propia Constitución y en lo que es, todavía, el sistema de protección no jurisdiccional de derechos humanos más robusto del mundo.
Con la transparencia ocurre algo similar, ya que se transitó de los enunciados sobre derecho a la información a una reglamentación que permite, con sus claroscuros, el que la ciudadanía pueda preguntar y obtener respuestas sobre cualquier aspecto relacionado con las labores de las entidades públicas.
Esto es así, porque la información que generan los gobiernos y demás sujetos obligados es de máximo acceso y pertenece a la ciudadanía, con las excepciones del caso y que tienen que ver, muchas veces, con la seguridad nacional.
Este es uno de los avances más notables de la primera alternancia, cuando el PRI perdió la contienda por la presidencia de la República y se dio paso a los 12 años de gobiernos panistas.
La propuesta de desaparecer el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), para adscribirlo a la Secretaría de la Función Pública, nos llevaría a una época superada y que tiene que ver con el presidencialismo más rotundo. ¿Por qué? En primer lugar porque los burócratas se convertirían en juez y parte sobre las determinaciones de qué información se tiene que hacer pública o lo es por su naturaleza y en segundo lugar porque se instauraría la simulación y para colmo se rompería con la división de poderes.
Y a todo ello habría que sumarle lo relacionado con la protección de los datos personales, que es una de las tareas más relevantes del INAI.
No encuentro explicación para lo que se está intentado hacer, como no sea la de restringir un proceso de acceso a la información para retomar el control sobre lo que la ciudadanía debe saber o ignorar.
Es un error, por supuesto, y ojalá en el Senado la oposición se mantenga unida para evitarlo ya que una transformación de semejante magnitud requiere de cambios en la Constitución.
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