Las pasadas elecciones fueron las más violentas en la historia reciente de México, acusa Observatorio Ciudadano de Seguridad

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Ciudad de México.-El Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad (ONC) presentó esta mañana  el estudio Delitos electorales, incidencia y evolución más allá de los partidos políticos, en el cual se  señala que el proceso electoral 2017-2018 estuvo marcado por la violencia política, una creciente incidencia en el número de delitos electorales y por la impunidad para sancionar a los presuntos culpables.

Durante la presentación del estudio, Francisco Rivas, director del Observatorio realizó varias aseveraciones que ponen en tela de juicio el actuar de las instituciones. Dijo, por ejemplo, que el reciente ejercicio electoral fue el más violento en la historia reciente de México, además de que los ilícitos electorales cometidos  consolidan un sistema de corrupción y hasta de delincuencia organizada, pues operar esos delitos no es sencillo.

En conferencia de prensa, lamentó que la violencia registrada se use para controlar las elecciones y enfatizó que si hay delitos electorales es porque el Estado ha resultado insuficiente e incapaz.

La presentación de este estudio se realizó con la presencia del titular de la Fepade, Héctor Marcos Díaz Santana.  El documento advierte que estamos lejos de alcanzar un sistema democrático electoral pleno e íntegro, prueba de ello son los delitos electorales que quedan impunes y los asesinatos de aspirantes a cargos de elección popular, así como otro tipo de agresiones en su contra como los secuestros.

En el último reporte de la consultora Etellekt, que sirvió de base estadística para referenciar las siguientes cifras, durante el último proceso electoral se registraron 774 agresiones contra políticos. De este número, 715 fueron agresiones directas contra políticos y 59 más contra familiares.

Hasta julio de este año se identificaron a 152 políticos asesinados, adicionalmente 51 familiares de políticos perdieron la vida en atentados. Del total de agresiones contra políticos, 185 fueron a mujeres y se concentraron en Puebla, mientras que del total de políticos asesinados, 19 eran mujeres.

 “Los actos de violencia política se iban agudizando conforme se acercaba el término del proceso electoral. Al menos 162 de las agresiones ocurrieron desde la antepenúltima semana de las campañas políticas y del 24 al 29 de junio fue la más violenta, en siete días se cometieron 58 agresiones”, se lee.

Por el tipo de víctima se distingue que el 69% de estas agresiones se dirigieron hasta entonces contra hombres, 25% contra mujeres y 6% contra grupos de militantes. Puebla tuvo el mayor número de agresiones contra políticos y candidatos a nivel nacional durante todo el proceso electoral con un total de 125 casos (16% del total nacional). La media nacional fue de 24 agresiones, aunque Puebla, Guerrero, Veracruz, y Oaxaca superaron este número.

El documento detalla que siete de cada 10 de los asesinatos y más del 70% de las agresiones contra políticos se dirigieron en contra de integrantes de partidos de oposición con relación a los partidos gobernantes. Aguascalientes, Colima y Nayarit son los estados con menos violencia política en este proceso electoral.

Se contabilizó que 63% de los agresores fueron comandos armados, en 12% de los casos se cometió tortura y violencia extrema, sólo en el 7% de los casos el delito lo realizó un asesino solitario y además se observó que en el 75% de estos asesinatos hubo el sello característico de sicarios empleados por grupos de la delincuencia.

Según las cifras proporcionadas por el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) hasta julio de 2018, Nuevo León, Oaxaca, Jalisco, Zacatecas y San Luis Potosí fueron los estados con mayor número de carpetas de investigación iniciadas por delitos electorales en el fuero común. En estas entidades, en mayo y junio se presentaron los incrementos más significativos.

De enero a julio de este año, Quintana Roo ha sido el estado con la mayor cantidad de carpetas de investigación del fuero federal, con 6.97 por cada 100 mil electores registrados en el padrón electoral. En segundo lugar, está Baja California Sur con 1.25 y en tercero Chiapas con 1.18.

La impunidad

Un dato preocupante para el Observatorio Ciudadano es el grado de impunidad que existe para sancionar delitos electorales. Las cifras reflejan el problema, pues de acuerdo con el estudio las cinco entidades con más carpetas concluidas reportan porcentajes de judicialización bajísimos.

En la Ciudad de México el porcentaje de judicialización es de apenas 2 por ciento, en Puebla de 4 por ciento, en Estado de México de 12 por ciento, en  Veracruz de 9 por ciento y en Oaxaca de 4 por ciento. “En suma, estas entidades reúnen el 71% de las carpetas concluidas y en estas, una parte mínima de las carpetas alcanza a judicializarse”, lamentó Francisco Rivas.

Según la FEPADE, de enero a abril el delito electoral más recurrente por número de carpetas de investigación fue la alteración de los Registros Federales Electorales. En este caso, los estados con mayor número de denuncias fueron Estado de México, Quintana Roo y Veracruz, mientras que en cinco entidades no hay carpetas de investigación judicializadas de un total de 87 expedientes concluidos. Estas son: Campeche, Colima, Hidalgo, Nayarit y Querétaro.

Los datos de los censos de gobierno y de las bases de datos de la FEPADE correspondientes a al periodo 2013-2017 del fuero federal reflejan características de los delitos electorales en el sistema de justicia que subrayan la impunidad.

De acuerdo con las estadísticas de FEPADE se registraron 10 mil 605 averiguaciones previas y carpetas de investigación iniciadas; se determinaron 9 mil 833 expedientes judiciales y estos registraron una tendencia estable con excepción del pico de 2016. De igual forma, se ejecutaron 3 mil 830 consignaciones.

A pesar de que este periodo comprende cinco años, la cantidad de consignaciones ejecutadas por la FEPADE fue 10% menor que las logradas entre 2009 y 2012.

El estudio recuerda que la  migración al Sistema de Justicia Penal Acusatorio en materia de delitos electorales ha sido gradual. Sin embargo, continúan niveles bajos de judicialización (7%) entre 2015 y 2017.

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