Ciudad de México.- La Auditoría Superior de la Federación presentó resultados de seis auditorías de Tecnologías de la Información y Comunicaciones a igual número de dependencias del gobierno federal en su revisión de la Cuenta Pública 2019, el primer año de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Las dos primeras auditorías en materia TIC realizadas por la ASF al analizar la Cuenta Pública 2019 corresponden a: la petrolera estatal Pemex y el Instituto de Salud y Seguridad Social de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). A estas se suman la Secretaría del Bienestar, el Inegi, la Secretaría de Hacienda y el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) determinó que las proyecciones para justicar la construcción de la renería de Dos Bocas no coinciden dentro de las dependencias del gobierno federal, lo cual puede deberse a una sobreestimación de su utilidad, lo que llevaría al Estado mexicano a perder dinero. Pemex Transformación Industrial estableció que la renería operará al 90 por ciento de su capacidad, pero la Secretaría de Energía indicó que se utilizaría al 78.5 por ciento y las renerías que ya existen en el país trabajan al 36.4 por ciento de su capacidad.
Además, la Auditoría aplicó tres auditorías a Jóvenes Construyendo el Futuro en las que detectó irregularidades en el diseño, operación y resultados del programa, las cuales evidenciaron otorgamiento de becas a Servidores de la Nación, centros de trabajo “fantasma” y bases de datos poco confiables que repercutieron en el padrón de beneficiarios.
En 2019, Jóvenes Construyendo el Futuro otorgó un millón 120 mil 543 becas a personas de entre 18 y 29 años, cifra que representó 48.7 por ciento de los 2 millones 300 mil jóvenes que integraron la población estimada; el programa le fue aprobado un presupuesto de 40 mil millones de pesos, pero se modificó su presupuesto y ejerció 23 mil 915 millones 168.5 de pesos.
La otra auditoría de cumplimiento, la autoridad fiscalizadora detectó deficiencias en la supervisión de los recursos ejercidos por la STPS, por lo que se determinaron 9 millones 662 mil 800 pesos pendientes de aclarar por la dependencia.
La STPS no validó que se otorgaron “indebidamente” becas a 47 becarios por 507 mil 600 pesos que recibieron ingresos y están registrados como “Servidores de la Nación”. La Secretaría del Trabajo tampoco verificó que 33 mil 909 becarios se encontraron laborando en una dependencia o entidad de la Administración Pública y/o en empresas del sector privado durante el periodo de su capacitación del programa, ni supervisó la ubicación de los becarios en entidades públicas y privadas que tienen desde 40 hasta más de 7 mil becarios.
La ASF determinó que la STPS debe aclarar 57 millones 92 mil 400 pesos debido, principalmente, a que no contó con mecanismos de control y procedimientos para validar y constatar la información y documentación plasmada y adjuntada en la Plataforma Digital del programa por parte de los aspirantes y beneficiarios del programa, así como de quienes participaron como centro de trabajo.
La Auditoría encontró pagos de becas posteriores a la fecha de fallecimiento de becarios y detectó inconsistencias en los Centros de Trabajo revisados como domicilios designados para la capacitación abandonados y casos de usurpación de datos de las empresas que realizaron actividades de capacitación por el monto total de 5 millones 396 mil 400 pesos.
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