"La remuneración que reciban por sus servicios los ministros de la Suprema Corte, los magistrados de circuito, los jueces de distrito y los consejeros de la Judicatura Federal, así como los magistrados electorales, no podrá ser disminuida durante su encargo.”
– Artículo 94 constitucional.
Ciudad de México.- A menos de una semana de haber tomado protesta como Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Andrés Manuel López Obrador ha emprendido una brutal embestida contra la división de poderes.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación concedió una suspensión a la acción de inconstitucionalidad promovida contra la llamada Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos que impone a otro poder y por la fuerza la reducción de salarios.
Como respuesta, el Presidente López Obrador se lanzó así contra la Suprema Corte: "…en el caso del poder judicial, si ellos mismos van a seguir recibiendo sueldos exagerados, estratosféricos, sueldos hasta de 600 mil mensuales, pues están dando un mal ejemplo quienes deberían impartir justicia… es un acto de deshonestidad, esos que tienen esos sueldos no es gente honesta ni sensible, ni son partidarios de la justicia."
Es verdad que los excesos, el nepotismo descarado, y los gastos absurdos en el Poder Judicial deben terminar. Es verdad que las muy altas remuneraciones de ministros, magistrados, jueces y funcionarios en general deben revisarse y ajustarse. Sin embargo, un país no se construye con cuartelazos, una transformación no se hace tomando por asalto las instituciones y menos los poderes.
Una desafortunada mezcla entre impericia jurídica, ausencia de oficio político y mucha soberbia; llevaron a los legisladores de morena a imponer su mayoría para aprobar la Ley de Remuneraciones desoyendo advertencias de la oposición, de connotados juristas y del propio Poder Judicial sobre su evidente inconstitucionalidad, ya que atenta contra el principio de irretroactividad de la ley, y también contra la división de poderes.
La tan anhelada ‘austeridad republicana’ cacareada hasta el cansancio por AMLO, podría ser ya un hecho en el Poder Judicial y en la Suprema Corte si hubiera habido más sensibilidad y menos arrogancia; pero como siempre se eligió el camino largo, el del choque y la piromanía. El Presidente prefiere arrebatar y nunca pedir, menos negociar.
Por si fuera poco, la terna que el Presidente ha enviado al Senado para cubrir la vacante en la Suprema Corte está integrada por perfiles cargados de militancia política partidista y sesgo ideológico; propuestas que ni de lejos garantizarían imparcialidad e independencia para la impartición de justicia; propuestas auténticamente impresentables a la luz de un país democrático. Es evidente el intento de tripular con incondicionales la Corte y tomar por asalto al Poder Judicial.
Para que exista una verdadera democracia es indispensable la presencia de instituciones fuertes y autónomas, leyes claras y eficaces, y división real de poderes con pesos y contrapesos. Queda claro que para López Obrador todo lo anterior estorba, pretende la concentración monolítica del poder en una sola persona: la suya.
La toma de la Suprema Corte dibuja a la mal llamada Cuarta Transformación de cuerpo entero; un gobierno con legitimidad que cree que ésta es un salvoconducto para pasar por encima de las leyes y las instituciones. Pobre país.
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