Ciudad de México.- El primer domingo de agosto se realizará la consulta popular que tiene como propósito el saber si se deben investigar hechos del pasado.
Desde el gobierno han impulsado la idea de que se trata de decidir si los ex presidentes Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto deben ser juzgados.
Es mentira que esto sea así, porque la pregunta aprobada por la Suprema Corte es un enredo casi incomprensible que no llevará a ningún lado. Una mayoría de ministros, más espantados que convencidos, determinó que la consulta consistiera en lo siguiente:
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“¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”
En el remoto caso de que 35 millones de ciudadanos votaran por el sí, para que sea vinculatoria, no se sabría cómo proceder, porque cada quién puede pensar lo que le venga en gana.
Entre otras cosas porque nadie tiene ni la más remota idea de cuáles serían los temas de los eventuales juicios, ya que no existen ni acusaciones formales y mucho menos indagatorias al respecto.
Como cada cabeza es un mundo, cada voto pude significar un juicio. No hay límite ni medida en una consulta que abarca todo, para no concluir en nada.
Tampoco es que se pudiera. Someter a consulta la aplicación de la ley no es una buena idea y además rompe con los principios elementales del derecho. No es que ahora importen mucho a los que tiene el poder político, pero ya hasta los aliados más firmes de estos despropósitos empiezan a dudar y a preocuparse de lo que podría ocurrir en el futuro.
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