Ciudad de México.- La Suprema Corte de la Nación quería entrar a su onceava época con bombo y platillo. No será así porque en el Senado se incluyó de última hora un artículo transitorio que amplía el periodo de la presidencia de Arturo Zaldívar hasta el 2024 y la de los Consejeros de la Judicatura hasta el 2026.
Esto se contrapone al Artículo 97 de la Constitución que señala con claridad que cada cuatro años el pleno de la Corte tiene que elegir a su presidente y que no hay reelección en el periodo inmediato.
En el Senado esto se aprobó, dentro del paquete de la Reforma Judicial y en particular de la ley reglamentaria que castiga el nepotismo y que establece sanciones para los juzgadores, con 80 votos a favor y 25 en contra. Ahora tocará el turno a los diputados, pero de la mayoría de ellos no se puede esperar que reflexionen o escuchen, porque lo que impera es una subordinación directa al Poder Ejecutivo. De no recibir instrucción en contrario, refrendarán lo ocurrido.
TE PUEDE INTERESAR: Los que no le cantaron a Stalin
El Consejo de la Judicatura, en un comunicado, se deslindó de este cambio y dejó en claro que en lo que respecta al Poder Judicial, ellos no fueron consultados ni informados sobre un transitorio tan polémico.
Es todo un misterio, por ahora, lo que motivó a que el senador del Partido Verde, Raúl Bolaños, incluyera de última hora la disposición. Una primera idea es que quieren que la Suprema Corte esté controlada por el poder político actual, pero para ello no necesitaban de un sainete como que el que desató.
El relevo de Zaldívar en la presidencia seguramente será un ministro o ministra con simpatía por el actual gobierno, ya que no hay indicios de que el pleno de la Corte quiera un pleito adicional con Palacio Nacional y algo similar sucede con la integración del Consejo de la Judicatura.
En nada están ayudando los senadores a la Suprema Corte, porque en realidad terminan, a golpe de un transitorio, con su independencia al decidir quién debe encabezarla, ya que hacen inoperante esa decisión tan relevante del pleno. Sobra decir que nunca había ocurrido una intromisión semejante.
En última instancia, los propios ministros pueden revertir esta situación si el empeño continúa en la Cámara de Diputados, pero deja un muy mal sabor de boca, muestra un desaseo jurídico lamentable y propicia todavía más el enrarecimiento del clima político.
Imprimir artículo
