La Comisión de Gobierno de la ALDF no ha coadyuvado en los acuerdos para aprobar Ley de Reconstrucción, señala Dunia Ludlow

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Alberto Cuenca Reportero en Capital CDMX

Ciudad de México.-La presidenta de la Comisión de Vivienda en la ALDF, Dunia Ludlow, consideró que la Comisión de Gobierno del órgano legislativo no ha coadyuvado en la negociación y la consolidación de acuerdos a fin de aprobar la Ley para la Reconstrucción de la Ciudad. Reveló que, incluso, a los legisladores se les trató de imponer un proyecto de dictamen que no generaba el consenso entre los integrantes de las comisiones dictaminadoras, lo que ha atrasado la aprobación de esa ley.

Entrevistada hoy luego de que se canceló una reunión de la Comisión de Vivienda en donde los diputados sesionarían para aprobar la opinión de ese grupo legislativo en torno al proyecto de dictamen de Ley para la Reconstrucción, la asambleísta evidenció cuáles han sido los problemas que hay llevado al retraso en la aprobación de esa iniciativa, la cual lleva casi dos meses congelada en la ALDF.

Dijo que, en el caso de la Comisión de Vivienda, esta no se pudo reunir el día de hoy, porque los diputados del PRD no habían enviado sus observaciones para generar una opinión de consenso.

De entrada, Dunia Ludlow explicó que existen ya dos propuestas de dictamen de Ley de Reconstrucción, una que respalda el PRD e integrantes de la Comisión de Gobierno que encabeza Leonel Luna. La segunda es resultado de un trabajo conjunto entre legisladores del PAN y PRI que integran dos de las tres comisiones dictaminadoras, la de Desarrollo e Infraestructura Urbana y la de Administración Pública. La otra comisión de dictamen es la de Presupuesto.

Esa segunda propuesta se le entregó ayer al presidente de la Comisión de Gobierno, Leonel Luna, y se distribuyó entre los presidentes de las comisiones de dictamen como son Margarita Martínez Fisher, de Desarrollo e Infraestructura Urbana; Adrián Ruvalcaba, de Administración Pública, y Mauricio Toledo, de Presupuesto,

Agregó que el primer documento surgido de la Comisión de Gobierno fue un texto que ha trabado los acuerdos, “que no generaba consenso, mal planteado, que no tenía técnica legislativa, que no resolvía el problema de los damnificados porque no generaba procedimientos y tampoco responsabilizaba a ninguna autoridad de absolutamente nada”, acusó.

Expuso que no había acuerdo de ningún grupo parlamentario con ese texto. “Hubo una imposición reiterada de un documento que no tenía el consenso de los integrantes de las comisiones, y en ese sentido retrasa todo, porque es un tema de nunca acabar”, explicó.

Frente a escenario, expuso, fue necesario construir un proyecto que concitó las coincidencias entre asambleístas del PRI y del PAN. Se trata de un documento diametralmente distinto al texto que surgió en la Comisión de Gobierno.

Cuestionada sobre si ha habido una injerencia insana de la Comisión de Gobierno para llegar a consensos a la Ley para la Reconstrucción, la diputada del PRI respondió: “No sé si sea una insana injerencia. Lo que sí es que no está coadyuvando a la negociación y a la construcción de acuerdo”.

Se le preguntó también si al menos ella ha participado en reuniones con autoridades como de la Secretaría de Finanzas, luego de que Leonel Luna ha dicho que se han realizado encuentros con especialistas y secretarios del gabinete capitalina con el propósito de afinar el proyecto de dictamen.

“Nunca hemos estado en reuniones como con la Secretaría de Finanzas. Nosotros hemos estado en reuniones con el gobierno de la Ciudad y con diferentes actores, pero son reuniones que hemos hecho nosotros con autoridades para enriquecer nuestro criterio, no propiciado por el presidente de la Comisión de Gobierno”, reveló.

Dijo confiar en que sus compañeros de bancada serán capaces de distinguir entre un planteamiento que no se sostiene y una propuesta bien construida como la que se logró con el PAN. Estimó que se debe trabajar para lograr el mayor acuerdo posible, pues recordó que en este momento la ALDF enfrenta un escenario político complicado, con votaciones cerradas y con largos momentos de espera para alcanzar el quórum legal.

La diputada del PRI detalló que de las tres comisiones dictaminadoras, la de Administración Pública es la que debe emitir la convocatoria para sesionar, pero hasta el momento no lo ha hecho. Ese grupo legislativo lo encabeza otro diputado priista, Adrián Ruvalcaba.

“Adrián va a emitir la convocatoria una vez que tengamos este dictamen con las observaciones del PRD y si no sacaremos el dictamen que el día de ayer también entregamos formalmente a los presidentes de las comisiones y al presidente de la Comisión de Gobierno”, dijo Dunia Ludlow

La propuesta de PRI y PAN

La propuesta alterna de diputados del PRI y PAN que estos legisladores entregaron ya al presidente de la Comisión de Gobierno, incluye aspectos que en algunos casos perfeccionan la propuesta del Jefe de Gobierno, aunque en otros resulta en un documento totalmente distinto.

Este texto incluye, por ejemplo, la posibilidad de redensificar con un incremento de hasta un 35 por ciento adicional respecto al número de viviendas que había en un predio antes del sismo, como una medida para obtener esquemas de financiamiento que permitan la reedificación.

Sin embargo, en el artículo 99 de esta propuesta se hacen precisiones y se amplían los requisitos para que los propietarios de viviendas colapsadas puedan acceder a dicho beneficio.

Así, por ejemplo, en el artículo 98 se señala que para proceder a la redensificación, esta figura sólo aplicará a inmuebles afectados de uso habitacional, con daños estructurales que implican demolición total o que se colapsaron debido al sismo, ubicados en suelo urbano.

Los inmuebles a que se refiere ese capítulo son exclusivamente los que se encuentren sujetos al régimen de propiedad en condominio o copropiedad y que contaran con un estatus jurídico y normativo regular.

 Además, los inmuebles o predios a que alude ese capítulo, deberán contar con el dictamen técnico de demolición emitido por el Director Responsable de Obra o el Corresponsable en Seguridad Estructural acreditado por el Instituto para la Seguridad de las Construcciones, con la aprobación de la Comisión para la Reconstrucción y estar incluidos en la Plataforma CDMX.

 Así, en el artículo 99 se detalla que en los casos donde la reposición de viviendas preexistentes para los afectados requiera de un mecanismo o esquema de financiamiento, por medio de la construcción de viviendas adicionales, que superen lo establecido en la normatividad vigente aplicable, se podrá considerar un incremento de hasta el 35% en el coeficiente de utilización del suelo, niveles de edificación y/o número de viviendas preexistentes.

Para lo anterior deberán cumplir con requisitos como obtener el Certificado de Derechos de Reconstrucción para Afectados; presentar una iniciativa de reforma al Programa de Desarrollo Urbano correspondiente, acompañada de la corrida financiera que avale y motive la modificación necesaria para cubrir el costo de la reconstrucción de las viviendas Preexistentes.

Los proyectos de vivienda deberán contar con al menos el número de viviendas originales, construidas de conformidad con la normatividad aplicable en el momento de su edificación, para garantizar que todos los propietarios o causahabientes del inmueble tengan acceso a una vivienda de reposición. Las viviendas de reposición que se reconstruyan no podrán tener mayores dimensiones que las viviendas originales que sustituyan.

El mismo artículo 99 destaca otro mecanismo de financiamiento que permita la reposición de viviendas preexistentes por medio de un potencial constructivo adicional y del cual ya ha dado cuenta Capital CDMX. Se trata de la transferencia de potencialidad.

Toda vez que la normativa urbana y la zonificación secundaria del Programa de Desarrollo Urbano vigente aplicable a inmuebles colapsados no lo permite, la salida jurídica que encontraron los legisladores es constituir un Sistema de Transferencia de Potencialidades del Desarrollo Urbano (STPDU).

La transferencia de potencialidades del desarrollo urbano podrá realizarse, única y exclusivamente, en aquellos predios clasificados como receptores del STPDU por el Programa General de Desarrollo Urbano y/o por los Programas Delegacionales de Desarrollo Urbano correspondientes.

Asimismo, la transferencia podrá realizarse en aquellos predios ubicados en Área con Potencial de Desarrollo o de Integración Metropolitana o en aquellos predios en los que aplican las Normas Generales de Ordenación 10 y 12, de conformidad con lo establecido en los programas delegacionales de desarrollo urbano, relativo a los predios receptores de potencialidades del desarrollo urbano.

Para lograr la transferencia de potencialidad se deberán cumplir con requisitos como presentar el Convenio de Reconstrucción; el proyecto, el presupuesto y la corrida financiera de la obra para la Reposición de las Viviendas Preexistentes para los Afectados; presentar el proyecto en el predio receptor de la transferencia de potencialidades del desarrollo urbano correspondiente, acompañado de la corrida financiera que equivalga o incluya el valor de la transferencia, para cubrir el costo de la obra de reconstrucción para la Reposición de las Viviendas Preexistentes para los Afectados.

Los proyectos de Reposición de Viviendas Preexistentes para los Afectados deberán contar con el número de viviendas preexistentes originales, construidas de conformidad con la normativa urbana y la zonificación aplicable al inmueble afectado en el momento de su edificación, para garantizar que todos los propietarios o causahabientes del inmueble tengan acceso a una vivienda de reposición. Las viviendas de reposición no podrán tener mayores dimensiones que las viviendas originales preexistentes.

En el artículo 100 se añade que en aquellos casos en los que la reposición de viviendas se realice conforme a las mismas características físicas y numéricas de la edificación preexistente, se confirmarán dichos derechos siempre y cuando hayan sido edificados conforme a la normatividad aplicable y vigente al momento de la construcción, previa obtención del Certificado de Derechos de Reconstrucción para Afectados.

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